El país seguirá siendo testigo de los actos de violencia ejecutados por delincuentes, en todo el país, que incluyen simples robos, atracos, asaltos, agresiones a personas, ataques a los agentes del orden público y también a militares para despojarlos de las armas que portan.

Mientras el país carezca de un plan bien organizado, y ejecutado en coordinación por todas las entidades estatales, para combatir el delito, la violencia y la delincuencia seguirán corroyendo la seguridad ciudadana y creando miedo en la ciudadanía.

Los crímenes y agresiones contra agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) provienen de delincuentes y también de militares vestidos de civil y de oficiales que se creen con suficiente poder como para no ser molestados por las violaciones que cometen a las normas del tránsito vehicular. Numerosos agentes han sido asesinados, y ya resultan alarmantes la cantidad de videos que se manejan y muestran de las agresiones contra las autoridades de AMET.

El Ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, ha admitido que en el gran Santo Domingo existen grupos delincuenciales que se dedican a atacar agentes policiales y militares para despojarlos de sus armas. Si sabe que eso es cierto, lo correcto es que se trabaje con prontitud para identificar a esos grupos, apresarlos y someterlos a la justicia.

Otro problema es la ineficacia del Estado en la solución de los problemas más urgentes de los barrios, en donde muchas veces las autoridades ya no pueden penetrar por la influencia que tienen los delincuentes y narcotraficantes, quienes atienden problemas, realizan actividades, financias fiestas con el dinero de sus actos bochornosos, y el ministro Amarante Baret admite que el Estado ha ido perdiendo terreno.

Será necesario establecer una política criminal del Estado, que se ponga en ejecución y atienda las necesidades de las comunidades y desplace a los delincuentes. Hay muchas recomendaciones de cómo resolver esos problemas. Los informes de la Universidad de Harvard, de Jacques Attalí, y hasta la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, contienen recomendaciones y compromisos de cómo hacer frente a los temas de carencias más sentidas de los barrios marginados de las ciudades más importantes del país. Enfrentar la delincuencia, sin atender las carencias de las comunidades y sin integrar a la sociedad en la búsqueda de opciones justas a los grupos más vulnerables, es una pérdida de tiempo. No necesariamente hay que identificar a los sectores marginados como los generadores de delincuentes. También los hay procedentes de las clases medias. Pero siendo esta una sociedad tan desigual, con tantas iniquidades, coloca a los barrios pobres como los responsables de la producción de la mayor cantidad de atracadores, ladrones y aprovechadores que ponen en peligro la seguridad ciudadana.

Habrá quien sustente que es preferible un delincuente de un barrio pobre que un funcionario que se roba el patrimonio público. Que hace más daño a la sociedad un funcionario corrupto que varios delincuentes juntos. Y tal vez tengan razón. El país mantiene un reclamo firme y sostenido para detener la corrupción y la impunidad. El presidente y su equipo lo saben. Hay reclamos extremistas en este sentido, pero también los hay que son atendibles y que no necesariamente se hacen con la intención de fastidiarle la vida a los funcionarios públicos.

Luis Abinader, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, acaba de proponer al gobierno que fortalezca la institucionalidad para que pueda reducir la delincuencia. Entiende que la débil institucionalidad y la desigualdad social son factores que contribuyen con la delincuencia.

Hipólito Mejía, también del PRD, habló sobre la necesidad de transformar la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, agregó algo en lo que coincide con muchos otros líderes políticos y grupos de la sociedad: La necesidad de enfrentar la impunidad. “Pero la mayor reestructuración que hay que hacer es enfrentar la impunidad, que es uno de los mayores problemas de este país”.

Sabemos que estas recomendaciones caen casi siempre en saco roto, y que pudiera ser que las autoridades estén desbordadas, que ya carezcan de iniciativas para solucionar un tema de tanta influencia en la sociedad como es la delincuencia. No debemos cansarnos, sin embargo, de pedir a las autoridades que sean creativas, que incluyan a la sociedad en la solución de este problema, y que con policías solamente no lo van a disminuir.