A juzgar por la realización de marchas, cadenas humanas, asambleas, y manifestaciones públicas que se vienen realizando en el país, los dominicanos han decidido sacar a la calle sus hartazgos, sus reclamos, sus denuncias, su sed justicia  y sus reivindicaciones.

A pesar de no tener las modalidades parlamentarias del discurso hablado o escrito estas “movilizaciones y asambleas populares” hacen un llamamiento en pro de la justicia. Son expresión de participación ciudadana, de rebeldía cívica y de protesta pacífica. Ponen la democracia en acción en la vía pública.

No se trata de un rebaño desconcertado, ni de “zombies” enajenados por la dominación, ni de títeres movidos por conciencias infectadas de gulas. Se trata de una “comunidad” de ciudadanos allí congregados que tienen derecho a reunirse y hacerlo de manera libre, sin miedo a la violencia policial y al espionaje y la censura gubernamentales, amparados en lo Derechos Humanos y en la Constitución.

Traen a la escena pública el derecho a aparecer, del derecho a expresarse y el derecho a reunirse. Frente a la angustia y al fracaso moral que generan los desmanes del gobierno y otras fuerzas privadas que abusan del pueblo, estas reuniones y movilizaciones incorporan la idea de que se está ante unas condiciones compartidas e injustas, y se convierten en una forma plural de coexistencia que constituye una alternativa ética y social a la “responsabilización” individual y colectiva.

Las movilizaciones populares alertan, despiertan, concientizan, desafían. Invitan al debate y a la crítica. Promueven la deliberación. Empoderan. Despiertan la resistencia digna y pacífica. Rescatan el derecho a la palabra. Su capacidad de denuncia las convierte en una fuerza de poder popular y acción colectiva con un gran potencial democrático.

Permitir las movilizaciones populares no es una concesión medaganaria del gobierno o sus instituciones. La libertad de reunión es un derecho que necesariamente debe ser protegido por el Estado, siendo que éste se expone a perder legitimidad en el momento en que priva a la libertad de reunión de sus funciones críticas y democráticas.

La libertad de reunión “es algo más que un simple derecho que los Estados-Nación y con el que amparan a sus ciudadanos y no existe únicamente en tanto sea concedido y protegido por el Estado. Tiene que estar antes y más allá de cualquier forma de gobierno que conceda y ampare el derecho de reunirse con otras personas, en un espacio, que a raíz de ello, se convierte en público o que redefine el sentido de lo público”.

Los cuerpos que se congregan en la calle, en una plaza o en espacios públicos (incluyendo los virtuales)  “están ejerciendo un derecho plural y performativo a la “aparición”, un derecho que afirma e instala el cuerpo en el plano político, y que, se ampara en su función expresiva y significante, reclaman para el cuerpo condiciones económicas, sociales y políticas que hagan la vida más digna y más vivible”.

Mediante estas movilizaciones los ciudadanos pasan de la oscuridad privada a la luz pública y, una vez iluminados, hablan públicamente y su discurso cuestiona los principios de justicia, convirtiéndose en una forma de indagación crítica y de participación democrática.

El impacto de las movilizaciones dependerá de las muchas alianzas de colectivos con vocación libertaria. Supone además otras actividades formativas e informativas permanentes que alimentan el discurso y la acción, tales como la realización de foros ciudadanos locales y regionales,  jurados de ciudadanos, el uso del correo electrónico para la formación de foros públicos, asambleas populares y debates comunitarios a través de los medios.

Las movilizaciones populares teñidas de valentía cívica son también la expresión de la indignación de los ciudadanos frente a la situación caótica, de privilegios de una minoría en detrimento del bienestar y la seguridad de la mayoría, de precariedad, de desigualdad social y de la terrible y desbordada impunidad frente a pequeñas y grandes corrupciones apañadas por una justicia y por un gobierno sordos, ciegos y mudos y, por supuesto, cómplices.

Los gobiernos siempre han temido a las “multitudes” aunque reconozcan la importancia de la voluntad popular que éstas expresan. Sus oponentes tratan de enturbiar las mismas tildándolas como “revueltas”, “disturbios” o “actos de violencia”.

En vez de atender los reclamos  que persiguen estas multitudes que se manifiestan como movilizaciones populares, el gobierno y sus instituciones no hacen más que reprimirlas con torpeza, fortaleciendo con esto las razones que dan sentido a  las mismas. El acoso al  Movimiento Marcha Verde es un ejemplo de esta represión política y social.

La libertad de reunión es un derecho que no se negocia. Se vive, se defiende más allá del miedo. Una vez iniciadas, estas reuniones y movilizaciones reivindicativas nadie las detiene. Los que hoy “hacen otras reuniones”  a espaldas del pueblo para arrebatarle   lo que le pertenece,  “un día  caminarán detrás de él” trillando las huellas de la igualdad y la justicia de un pueblo unido y vigilante. ¡Y ese momento está llegando!