El Ministerio Público de Moca deberá proceder este lunes a retirar todas las imputaciones que tiene contra el dirigente de la Marcha Verde de Moca, del grupo Los Peregrinos, luego de las evidencias que existen, y que todo el mundo conoce, que los 52 gramos de cocaína que supuestamente les fueron descubiertos en su viejo automóvil fueron colocados allí por un agente de la Policía Nacional, con la clara intención de ponerlo en prisión. Sin ningún fundamento.

El señor Juan Comprés (Guanchy) es una persona con una historia de compromiso social. No existen elementos creíbles que permitan al Ministerio Público sostener la medida de coerción que ya ha dado a conocer, de tres meses de prisión por violación de las leyes antidrogas del país.

Lo que más conviene al gobierno del presidente Medina es echar atrás cualquier operativo para desprestigiar a los dirigentes de la Marcha Verde. Ya lo intentaron con Ricardo Nieves, de quien han dicho y repetido ataques personales que no se sostienen. Ya admitió el Ministro de Interior y Policía que el gobierno tiene vigilado a los dirigentes de ese movimiento. Y ahora se acaba de descubrir que fue un hijo de un oficial de la Policía Nacional, también miembro de ese organismo, quien colocó los 52 gramos de cocaína en el desvencijado vehículo del dirigente popular.

No hay forma de sostener esta imputación. Es falaz. Venenosa. Retorcida. Con el agravante de que el dirigente de Los Peregrinos ha sido ya torturado por la Policía Nacional, para que declare en contra de su voluntad, algo que parece resulta imposible que haga.

La pregunta que tendrá que responder el Ministerio Público es si ya comenzó la investigación sobre la procedencia de la droga, si tiene interés o intención de interrogar al oficial de la Policía que colocó la droga. Y otra pregunta aún más importante: ¿Por qué razón esposar tan rápidamente al dirigente popular, y meterlo a prisión, y pedir medidas de coerción, si cuatro meses después de denunciado el soborno de Odebrecht, o casi un año después de conocido los sobornados del caso Tucano, no han puesto las esposas a los responsables de estos bochornosos actos de corrupción?

El caso de Juan Comprés (Guanchy) es un bochorno para el gobierno, y para los responsables de reprimir a los miembros y dirigentes de la Marcha Verde. Como ciudadanos, con plenos derechos civiles y políticos, como dominicanos, los ciudadanos de cada pueblo de este país tienen derecho, como Juanchy, a reclamar transparencia, justicia, equidad, cese de la impunidad, sin ser truculentamente imputado de actos ilegales, como el tráfico de drogas. Esa imputación es infame, y pone en evidencia la retorcida política de Trujillo y Balaguer contra los opositores o contra los críticos. La Fiscalía del Distrito Nacional tenía una granada que era conocida en los 12 años, porque a todos los dirigentes izquierdistas se la colocaban como prueba de sus actos contra el gobierno, cuando querían justificar su apresamiento. No es distinto lo que están haciendo ahora contra Juanchy.

Corresponde una correcta actuación de las autoridades. Si quien intentó imputar a Juan Comprés (Guanchy) fue algún dirigente local, de Moca, toca ahora que el Ministerio Público lo identifique y lo someta judicialmente por un acto tan cruel y pernicioso. Si la orden fue desde más arriba, que se tome en cuenta la indignación local e internacional que esta situación ha generado. El gobierno corre el riesgo de pasar mucha más vergüenza, y de caer en el ridículo más de lo que ya caído. Es de sabio rectificar en un caso tan elocuente y vergonzoso.