La privatización se entiende como el deseo de aprovechar una oportunidad para adquirir la propiedad de empresas públicas. Puede que muchas personas tengan realmente esta percepción Pero el concepto implica un  proceso mucho más serio y profundo.

Francia y España, bajo regímenes socialistas, recurrieron a la privatización para solucionar graves problemas económicos y dinamizar la eficiencia de los servicios básicos. Es un absurdo creer, por ejemplo, que la privatización de la fábrica de vidrio que una vez funcionó en San Cristóbal  haya sido propuesta  hace años por un grupo de empresas usuarias de sus productos para despojar al Estado de un patrimonio. El traspaso al sector privado hubiera salvado tal vez a esa empresa. ¿Qué tenemos ahora? Instalaciones en ruinas, cientos de trabajadores sin empleo y empresas privada, locales y foráneas, más modernas y eficientes llenando el espacio dejado por la empresa estatal.

Abandonar la posibilidad de buscar soluciones con la participación de capital privado en empresas y servicios públicos, puede ocasionarle al país dolores de cabeza y insuficiencias en los servicios. Podría alegarse que la capitalización de las empresas públicas no ha dado los resultados anhelados, si se le mira sólo por la situación del sistema eléctrico. Pero incluso ahí correríamos el riesgo de conclusiones equivocadas, por cuanto a pesar de los inconvenientes y alto precio de la tarifa eléctrica, determinada en parte por el alza del petróleo, la capitalización ha permitido al país mejorar notablemente su capacidad de generación.

El mantenimiento de empresas estatales fue por años un fardo muy pesado para esta sociedad. Funcionaban deficientemente a costa de mucha inflación y corrupción. Las empresas del Estado enriquecieron a muchos políticos y empresarios, a cambio de empobrecer a la población y de sumir al país en el atraso.