Desde que se iniciaron las investigaciones dominicanas sobre el reconocimiento de soborno de Odebrecht han pasado tres meses. El Ministerio Público de la República Dominicana ha realizado muchos anuncios por vía del Procurador General de la República, pero hasta el momento no hay nada concreto como resultados de las indagatorias.

Lo único que ha obtenido el Ministerio Público ha sido la firma de un acuerdo con la empresa Odebrecht, que no fue validado por el juez coordinador de los Juzgados de Instrucción.

Ni siquiera se puede decir que el Ministerio Público ha realizado interrogatorios a las personas que firmaron contratos y que serían potencialmente responsables de haber recibido los 92 millones de dólares en soborno. El Procurador General y los invitados para ofrecer testimonios de su participación en los negocios con Odebrecht han hablado de conservatorios. El Ministerio Público invita a las personas a conversar sobre estos asuntos. No se sabe si de los mismos se levantan actas y si son firmados por los invitados.

Vale decir, que luego de tres meses de investigaciones, y luego del viaje de Jean Alaín Rodríguez a Brasil, donde se reunió con los procuradores fiscales que investigan el Lava Jato, y firmó un acuerdo común de cooperación con el Procurador de Brasil, en la República Dominicana no hay resultados sobre los sobornos admitidos por Odebrecht ante la justicia de los Estados Unidos, Brasil y Suiza.

Y como no hay resultados en las indagatorias, no hay ningún detenido, ni se espera que nadie admita culpabilidad o responsabilidad. Ese es el estado de la investigación. El presidente Danilo Medina habló el 27 de febrero sobre el tema, y dejó toda la responsabilidad a la investigación que haga el Ministerio Público. Unos días después el ex presidente Hipólito Mejía habló al país y dijo que las investigaciones no avanzan porque hay un manto de impunidad establecido a favor de la dirigencia del partido de gobierno.

El Ministerio Público no ha requerido la presencia de Mejía, ni de Leonel Fernández, y menos del presidente Danilo Medina para que ofrezcan oficialmente su versión sobre estos importantes acontecimientos. Para alguien que observa desde fuera lo que ocurre en la República Dominicana sobre este caso, sería una verdadera sorpresa la distancia que existe entre los fiscales de Perú, Colombia, Brasil, Panamá o México, y lo que hacen los fiscales dominicanos.

Y no se trata de un tema de comunicación, o una buena estrategia de relaciones públicas de la Procuraduría General de la República. Tessis Sánchez, la coordinadora de comunicación del Ministerio Público fue removida a asesora del Procurador, y ahora es Julieta Tejada la coordinadora. No es ningún problema de comunicación.

La falta de información, la ausencia de actuación del Ministerio Público está vinculada con la coherencia en la investigación del caso. Los investigaciones no tienen nada en la mano. Es lo que parece. Y se agotaron los puntos a seguir. Da la impresión de que no hay nadie más a quién investigar, y que el país tendrá que esperar las revelaciones que haga Brasil sobre el asunto. Y tal vez ni siquiera cuando se destape desde Brasil la investigación que ellos hicieron sirva de nada.

El caso de los sobornos por la compra de los aviones Super Tucano nos queda bien como ejemplo. Brasil reveló quiénes fueron los que participaron, donde fue a parar el dinero, y las autoridades dominicanas no han hecho prácticamente nada para que ese caso sea sancionado como corresponde. Una persona está detenida, y es un subalterno, el oficial Carlos Piccini, quien en buen justicia debía ser liberado, porque es apenas un chivo expiatorio de los grandes jefes militares y políticos, y legisladores, que resultaron con tajadas jugosas de la compra de estos aviones.

Tal parece que el país tendrá que prepararse para que en el caso que escandaliza a todos los países de América Latina, por soborno y corrupción, en la República Dominicana todo quede igual, sin sanciones para los responsables. O tal vez se apliquen sanciones a los chivos expiatorios de este caso, como ya también ocurrió con la corrupción y extorsión en el caso de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).