Justicia distributiva es lo que se debe reclamar al gobierno en relación a las comunidades donde opera la empresa minera Barrick Pueblo Viejo. Por ley a las provincias Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel les corresponde el 5% de los beneficios que recibe el Estado por las operaciones de esta importante empresa minera.

Méjico Angeles, recién designado presidente de Barrick, ha reconocido que el Estado recibió en cuatro años 1,200 millones de dólares como pago de los beneficios obtenidos y contemplados en el contrato que firmó. El 5% de esos 1,200 millones de dólares representan 60 millones de dólares que debieron ir a las comunidades señaladas.

De esos 60 millones de dólares, el Estado apenas ha entregado 4.3 millones de dólares, o su equivalente. En términos globales, y en pesos, de 2,700 millones de pesos que ha debido entregar, apenas ha entregado 200 millones, quedándose con la friolera suma de 2,500 millones de pesos, alrededor de 55.7 millones de dólares que corresponden a las comunidades donde opera la empresa.

El acuerdo es que todos los beneficios se entregan al Estado, y corresponde al gobierno hacer la justa distribución de acuerdo con la ley. Pero como ocurre con muchas otras disposiciones, ese pacto no se cumple. Se puede entender que el gobierno tiene necesidades, urgencias y por ello recurre a quedarse con el dinero ajeno.

Esta misma semana hemos publicado un reportaje sobre el despilfarro de dinero en el Ministerio de Defensa, donde el gobierno podría ahorrarse 7 mil millones de pesos poniendo en retiro a 12 mil oficiales altos y medios que se mantienen activos, pero sin funciones.

Es un tema de priorizar el gasto, de algo que se habla poco, y es un tema de justicia distributiva de los fondos que recibe y administra el Estado.