La Comisión Especial designada por el presidente Danilo Medina mediante el decreto 6-17 para investigar la licitación y asignación del contrato para las plantas de Punta Catalina no entregará su informe antes del discurso del presidente en la Asamblea Nacional del lunes 27 de febrero.

En ese decreto se le asigna la responsabilidad de investigar, sin limitaciones, todo cuanto se relaciona con la planta Punta Catalina, sin que ello represente una colisión con el Ministerio Público que realiza su propia investigación sobre el tema.

Hay que volver a ese decreto del presidente, porque se ha hablado mucho sobre este tema, y se atribuyen muchas intrigas sobre este caso, tanto a funcionarios como al mismo presidente de la República. La marcha del 22 de enero y la recogida de firmas para el libro verde representan dos acciones muy particulares en demanda de la transparencia.

El presidente Medina dice en su decreto que son legítimos los reclamos de la sociedad para que se investigue la actuación de Odebrecht en la República Dominicana.

También dice que la opinión pública merece explicaciones del gobierno dominicano.

Que el gobierno se ha visto a obligado a buscar fuentes de financiamiento de la obra, porque el consorcio que ganó no pudo cumplir con el compromiso de traer el financiamiento.

Medina dice en su decreto que para aportar más transparencia fue que designó una comisión de personas independientes del gobierno y con probadas credenciales personales y profesionales, para que investiguen la licitación y el acuerdo firmado por el consorcio con el gobierno.

Agrega que el gobierno dominicano está comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y el buen uso de los recursos públicos.

Por tanto se designó la comisión para investigar todo lo concerniente a la licitación, asignación de la obra y ejecución de la misma, sin desmedro de la independencia que tienen para hacer su investigación, procurando el apoyo de todas las instancias estatales.

En sus dispositivos el decreto otorga potestad a la comisión para investigar a todos los funcionarios relacionados con ese acuerdo, así como a los ejecutivos de las empresas que asistieron a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales en el proceso.

El artículo 3 del decreto dice que la comisión rendirá, tan pronto como sea posible, un informe detallado de sus indagatorias al país y podrá entregar al Ministerio Público los documentos relacionados con los actos investigados que pudieran servir para procesar cualquier irregularidad.

El decreto fue firmado el 10 de enero del 2017 por Danilo Medina. Ha pasado un mes y 12 días y no hay resultados, y obviamente no lo habrá por ahora.

Una cosa está clara: La comisión rendirá un informe al país, no al presidente de la República.

Eso quiere decir que Danilo no espera el informe de los comisionados para hablar del tema en su discurso del 27 de febrero.

En el decreto mencionado hay algunos trazos que señalan el reconocimiento del presidente de la gravedad de los datos que se han revelado en Brasil. Ya el procurador obtuvo un acuerdo que nos convierte en el primer país en recibir los datos de los sobornados. Las autoridades de Brasil lo confirmaron. No creemos que eso sea algo de lo que el presidente se ocupe.

El licenciado Medina aprovechará su discurso del 27 de febrero para separarse de este lamentable proceso, y dejará que sea la comisión investigadora designada por él la que lo desligue por completo de cualquier acuerdo. El Ministerio Público hará lo propio con la investigación que realiza, y aunque no ha concluido con los interrogatorios meterá a muchas personas en el dictamen acusatorio, incluyendo algunos de los cercanos al presidente. Pero también los habrá cercanos a Leonel Fernández y cercanos a Hipólito Mejía.

Los datos que proporcione Brasil en junio, cuando termina la confidencialidad, se encargará de hacer justicia para todos los implicados. Pero la gran oleada de indignación ya habrá llegado a su punto más alto.