El Procurador resbala en un campo minado. Su trabajo no es fácil: por un lado, debe evitar que la investigación se le vaya de la mano y alcance a intereses muy sensibles del gobierno; y, por el otro, debe convencer a una sociedad escéptica y vigilante que él actúa al borde de esas presiones entregando resultados oportunos y creíbles. El reciente acuerdo con Odebrecht lo deja sin maniobras. El caso llega así a un punto irreversible donde no podrá seguir obrando de forma ambivalente. Le llegó la hora de sudar.

Hasta ahora la gestión de la investigación ha insinuado un guión político revelado en tres fases:

a) Sacar a Odebrecht del escenario. El Procurador lo logró de forma rápida y resuelta con un acuerdo relámpago (anunciado tempranamente y concertado poco tiempo después) que desarraiga a la empresa del proceso y la deja felizmente habilitada para seguir operando en el país.Así, Odebrecht queda liberada de tener que delatar, como acusada, a los sobornados.

Sortear el riesgo de tener en el proceso a una confesa infractora es un gran alivio para el gobierno; ahora el funcionario judicial asume de forma absoluta ese control pudiendo jugar discrecionalmente con los nombres dispuestos a servir a la posible expiación judicial del caso.

b) Dejar el papel de Odebrecht a cargo de un tercero parcial. Este acto fue espectacular y se reveló en el opening de la trama para que no quedaran dudas. El libreto lo interpretó Ángel Rondón que, consecuente con el designio político, dijo que fue él quien recibió el dinero que ahora Odebrecht se obliga a pagar. El acreditado cabildero alega que este pago lo recibió a título de “representante o agente comercial” para exculparla y de paso liberarse. Ahora tenemos a Odebrecht fuera del proceso como acusada (no así como testigo) y en su lugar a un amigo del presidente asumiendo la responsabilidad única, personal y directa en la recepción de los pagos declarados como sobornos por una sobornante ya descargada de responsabilidad penal. De esta manera todo cuelga de lo que diga o no diga Lutero como Papa.

c) Imputaciones con base en las confesiones u omisiones del tercero parcial y de las diligencias discrecionales del Ministerio Público. Ángel Rondón terminará el proceso manteniendo invariablemente su posición. Nadie lo sacará de esa; así, se libera él y exonera a los grandes nombres; y si no, queda a su libre escogencia a quién acusa y a quién no. Odebrecht, ya fuera del proceso, cumplirá de forma activa con sus compromisos de cooperación judicial, claro, en aquellos casos que selectivamente el Ministerio Público pudiera requerirle, que de seguro serán los que involucran a funcionarios de segunda categoría de pasados gobiernos y uno que otro de esta Administración, quienes, como yihadistas, tendrán la misión histórica de sacrificarse para impedir que la impunidad imponga su verdad, por aquello de “servir al partido para servir al pueblo”. Ya veremos.

A pesar de todo lo anterior, en este apuro del Procurador se aplica un adagio muy socorrido: “lo que va, viene”; así, en los esfuerzos para inspirar confianza en el acuerdo suscrito recientemente con Odebrecht, el Procurador, orondo, se explayó afirmando que con él (el acuerdo) se garantiza el cumplimiento de un conjunto de compromisos asumidos por la empresa extranjera para colaborar en la investigación y en los procesos judiciales que se abrirán en contra de los demás implicados; más concretamente Odebrecht se obligó a: a) proporcionar al Ministerio Público toda la información que le sea requerida, especialmente la delación premiada sobre las operaciones de Odebrecht en el país ofrecida ante el Ministerio Público Federal de Brasil; b) colaborar en las investigaciones locales del Ministerio Público; c) brindar información esencial y útil para esclarecer y comprobar la participación de otros imputados;   y, en general, c) robustecer la acusación del Ministerio Público.

Independientemente de las fragilidades del acuerdo, cuyo análisis trataré después que se haga público su contenido, entiendo que este pesado pliego de obligaciones puesto a cargo de Odebrecht pone al filo las responsabilidades del Procurador en su gestión investigativa y acusadora. Esto así porque con un marco tan amplio y accesible de auxilio judicial como el que presuntamente se obliga la empresa acusada, el funcionario no podrá alegar a su favor la falta de cooperación ni de medios para conminarla a cumplir, como tampoco desaprovechar esta facilidad negociada a su riesgo en apoyo de una investigación seria, meritoria y sustanciosa. Más aún en un escenario donde todo depende de sus diligencias sin una acusada que, por liberarse de una condena y una inhabilitación definitiva, pueda revelar identidades e inculpar más fácilmente. En otras palabras, el Procurador se la está jugando solo y a puro pecho, sin la posibilidad de alegar el incumplimiento de la empresa para justificar las debilidades de la acusación en contra de los demás implicados.

Ante este cuadro prefiero presumir que concluir: primero, que el Procurador no sabe la magnitud social de su responsabilidad, de cuya firmeza pende la gobernabilidad de los próximos años; y, segundo, que, en su defecto, porta los testículos más portentosos que hayan colgado en hombre alguno después de Adán para optar por el camino de la dilución que sugiere la estrategia política. ¿Podría un hombre comprometer de esa manera su credibilidad y arriesgarse? Hasta pensarlo horroriza. Prefiero creer que Jean Alain nos sorprenderá y dejará en el terreno a aquellos que lo consideraban un hombrecillo escaso, dócil y destemplado, que tener que confirmar esos mismos reproches y otros más. Para retozar políticamente con un caso como éste hay que tener bien tendidas y henchidas de testosteronas ambas bolas, porque hacerlo sería una felonía eternamente irredimible; mejor morir.