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:: Caso Odebrecht: ¿Pago por impunidad?
Caso Odebrecht: ¿Pago por impunidad?

Por: Fidel Lorenzo/Acento - 05/02/2017

El acuerdo secreto de las negociaciones de Odebrecht con el Estado dominicano a cambio de no ser perseguida penalmente en República Dominicana, es un contrasentido en la lucha continental contra la corrupción.

Ayer ví no con mucho asombro pero sí con mucha pena el anuncio hecho por el Procurador General de la República de que el acuerdo con la empresa brasileña que involucra el pago por parte de la misma al Estado dominicano, ya que la lucha anticorrupción en el país está muy lejos de lo que debería ser.

Muchos dominicanos desesperanzados de que en el país se persiga realmente la corrupción veían el caso Odebrecht iba a ser más de lo mismo: show mediático y “amagos” de investigación.

Es posible que nunca sepamos a ciencia cierta el nivel de pago de los sobornos, a quiénes se les dio y la cantidad real de recursos económicos que perdió el Estado en el escándalo de corrupción continental más grande de las últimas décadas.

Al Procurador General de la República decir que el acuerdo con la constructora brasileña convicta por corrupción era “secreto” de seguro que también serán secretos los sobornos y pagos dados en República Dominicana.

Si conocemos nuestro sistema de justicia penal, este acuerdo es el equivalente a “caso cerrado”  y estamos seguros que en lo adelante no se hablará más del mismo. Se mantendrá vigente en algunos medios de comunicación, aquellos que no están comprometidos.

En los países del área como por ejemplo Perú, Odebrecht ha tenido que pagar a ese país una alta suma de dinero, sin embargo la persecución penal y las investigaciones siguen. No ha habido “acuerdos secretos”.

Esto significa que el sistema penal de persecución de la corrupción en el país es “arrítmico” en relación a los demás países del área. Aquí ni siquiera sabemos realmente la cantidad de dinero que perdió el Estado.

Siempre hemos alegado que las pérdidas económicas causadas por la corrupción y la impunidad, impiden que muchos dominicanos vivan dignamente, que la mayoría de empleados públicos civiles y militares tengan mejores salarios.

Sin embargo, lo que más se pierde para muchos es la esperanza de que vivamos en un país en el cual exista un verdadero Estado de Derecho tal como dice nuestra Constitución.



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