Las regulaciones suelen ser peligrosas en materia de libertad. Los gobiernos autoritarios se valen de ellas para silenciar la prensa y acallar a sus opositores. Pero la vulgaridad y otros excesos como práctica habitual en programas de radio y televisión promueven la necesidad de imponer controles al uso de esos medios. Más gente parece inclinada a tolerar el exceso de autoridad con tal de ver a sus hijos protegidos de las extravagancias y obscenidades que trazan en estos tiempos las pautas de popularidad y el éxito comercial que traen consigo las grandes audiencias.

Debemos reconocer que los programas propulsores de esos métodos son los preferidos de nuestros políticos y que son muy pocos entre ellos los que no siguen sus transmisiones, sin importar el riesgo de caer en las deprimentes trifulcas verbales que se dan en los mismos con inusitada frecuencia. Y deplorar también que sea el respaldo publicitario, oficial como privado, lo que les garantiza mantener sus altos ratings.

En el pasado, se ha llegado a proponer organismos con autoridad para controlar esos excesos. Fue el caso de una propuesta, por suerte abandonada del entonces presidente Leonel Fernández de crear un organismo encargado de evitar que se empleen “malas palabras” en las transmisiones radiales y televisivas. La pregunta que me hice en esa oportunidad es “¿quién tendrá la autoridad para decidir qué es una mala palabra?”. Admito que este razonamiento no cabía ni tiene eco en la atmósfera actual, y que, por ende, se desdeñe, a Dios gracia, la posibilidad de su uso para eliminar la crítica como vulgar u obscena, imponiendo así una “verdad oficial”.

A lo que le tengo miedo es que esta sociedad le ceda en el futuro el derecho  a un gobierno a decidir sobre un asunto que a mi juicio concierne exclusivamente a la prensa: fijar los límites de su responsabilidad. Delegarla puede ser el germen de su perdición.