El de Odebrecht es la madre de los escándalos, tejemaneje apestoso y harto conocido. Ahora, desde Brasil y Estados Unidos, lo proyectan en alta definición y  vía satélite. Esos sobornos han sido un “Elefante Blanco” atorado entre dos partidos y tres gobiernos. Hacerse de la vista gorda ya es imposible; deben lidiar con el paquidermo que derrama su plasta sobre las elites gobernantes dominicanas. Tres presidentes  tiznados. El rumor público  imparable. 

Si bien es verdad que los sospechosos son tres, a quien toca explicarse urgentemente es al Licenciado Danilo Medina, puesto que estuvo íntimamente relacionado con el eslabón más grueso de  la cadena del delito: Joao Santana, el estratega más caro del populismo latinoamericano (cobró cuatrocientos mil dólares al  kirchnerismo por dos semanas de trabajo en las pasadas elecciones argentinas).

Ese  travieso asesor,  fue contratado  dos veces por el  actual presidente, o por su partido. Nadie sabe quién lo hizo. Estaban en pleno derecho de hacerlo – aunque  ya  para la reelección  estuviese  acusado  de lavado de activos en su país.  De esa contratación, en principio incuestionable, surge una  pregunta obligatoria: ¿Existe contrato y recibo entre las partes? 

Esos rutinarios documentos son imprescindibles, despejarían esa sombra siniestra que persigue al presidente. A mi entender, constituyen el  nudo gordiano donde se oculta  “el secreto del templo sagrado”. Si pudiera probarse que Joao Santana, o alguna de sus  compañías, fue contratada y pagada legalmente en este país, resultaría saludable  para la nación.

Ahora bien, sin papeles, seguiremos sospechando y especulando; seguirá deteriorándose la imagen del jefe del Estado. Huérfano de comprobantes,  y con la certeza de que el  imputado “marketeiro”  de presidentes, testaferro y lavador de  dineros, no fiaba ni a su madre, tenemos que deducir  quienes pagaron. Se piensa en Odebrecht, Lula, o algún amigo del  candidato y del PLD.  Si lo hicieron, y nada por el momento prueba lo contrario, no buscaban  indulgencias plenarias, sino asegurarse la continuidad de privilegios contractuales.

La sociedad, sobradas razones tiene, desconfía tanto de la justicia como de los partidos mayoritarios (aquel trágico “pacto de impunidad” resulta creíble al repasar el  historial de la constructora brasileña y otras estafas contemporáneas). Nadie espera titulares en los medios de comunicación exigiendo explicaciones. Los grupos y partidos minoritarios todavía no asustan al poder. En fin, que todos piensan que aquí los pillos dormirán tranquilos.

Cobijada bajo el control casi absoluto de las instituciones, amparada en el “laissez-faire”  de gran parte del periodismo criollo, y regocijada en la agonía opositora, la presidencia calla. Deja que la procuraduría investigue, entretenga, y prometa. En otras palabras: aplican el protocolo de la impunidad. 

Sin embargo, cuidado, en esta ocasión, quizás por primera vez, pueden salir “con la mesa ai caco”. Parece que se les “vira la tortilla”. Los sobornadores de Odebretch hablan y ensucian, la investigación es internacional. Alguien tendrá que responder. El que se pueda limpiar que lo haga rápido, sin pérdida de  tiempo.

De ahí la urgencia que debería tener el equipo presidencial de poner  las cartas sobre la mesa.  Apenas  tomará  unos minutos enseñar un contrato y un recibo. Tienen que demostrar que Joao Santana, si bien costoso y tramposo, fue un  consultor empleado al amparo de una legalidad contractual. Simple. Y si no existen esos documentos, por favor  invéntenselos. Dignifiquen  de alguna forma al Estado dominicano.