A quince años de iniciado el Sistema Dominicano de Seguridad Social, se impone un alto para evaluar sus logros y corregir sus fallas, todo a la luz de lo que es económicamente posible.

La primera lección es que las limitaciones que se observan son una consecuencia de la participación interesada de sectores de la empresa privada, en desmedro de otros sectores de la misma empresa privada.

Esto es comprensible, porque está muy bien estudiado que en todo proceso de reforma con un alto componente privado, los intereses empresariales se colocarán por encima de los intereses sociales.

Por tanto, sin una intervención real del Estado era imposible evitarlo, sobre todo con un sector sindical tan débil y tan acomodado a hacer negocios en el sector.

La encrucijada de la Seguridad Social tiene que ver con su función social: o se amplía en sus beneficios a toda la población, lo que implica que todos paguemos aunque sea poco, o se le entrega a una mancuerna estatal-privada que mantendría -y podría acrecentar- privilegios actuales, manteniendo fuera del sistema a grandes núcleos de la población.

La reforma a la Seguridad Social incluye cambios en todo lo que tiene que ver con la medicina en el país -pasarla de medicina de especialistas a medicina preventiva y de atención primaria-, el desmantelamiento real del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y la integración de todos los dominicanos al sistema, pasando parte del dinero que se invierte en hospitales a un fondo general que pague los servicios prestados a los asegurados. El Gobierno no debe recibir dinero de la Seguridad Social. Todo lo que sobre, debe reinvertirse en beneficio de personas vulnerables. Lo demás sería un robo.

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