Por años he criticado el uso de fondos públicos por parte de los funcionarios, en cualquiera de los estamentos del Estado, para la compra de regalos navideños que generalmente se intercambian entre ellos o se envían  a periodistas y a los ahora llamados comunicadores para pagar buenos tratos mediáticos. Ese hábito, convertido con el tiempo en una tradición de la época, ha sido otra forma de corrupción, porque, como dice la ley,  nadie tiene derecho a usar la propiedad pública en beneficio privado. El dinero del presupuesto solo tiene un uso correcto y es el que la ley que lo aprueba cada año señala y debe estar centrado en la solución de los problemas nacionales o en la debida aplicación para el que se destina.

De manera que no sería propio de mi parte perder la oportunidad de expresar mi total respaldo, si es que sirve para algo, a la decisión presidencial anunciada este miércoles por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, prohibiendo la compra de canastas y otros regalos navideños, a excepción, por supuesto, de aquellas que se entregan a las familias más pobres para las cenas de Navidad y Año Nuevo. Aunque no debería tardar el día en que ese tipo de asistencialismo ocasional desaparezca por completo en aras de auténticos y valederos programas de esencia social. Los repartos a los que estamos acostumbrados son actos de caridad pública, no otra cosa.

De todas maneras, la decisión del presidente Danilo Medina viene en buen momento, porque el país está anegado por las aguas torrenciales caídas en las últimas semanas.  Ante esa realidad, los recursos públicos que cada diciembre se malgastan en esas prácticas ahora prohibidas, podrían ayudar a aliviar el peso de la tragedia que sufren decenas de miles de dominicanos. Son miles las míseras  viviendas destruidas por el  paso de las aguas desbordadas de nuestros ríos. Es ahí donde debe emplearse el dinero de las canastas navideñas.