El Congreso Nacional se apresta a aprobar el presupuesto del 2017 y la ley de gastos públicos, con todas las inclusiones y autorizaciones para el Gobierno, y la oposición política apenas se ha ocupado de ofrecer unas cuantas pinceladas críticas en programas de radio y televisión, pero no ha publicado un documento que sustente con datos sus críticas y observaciones a la importante pieza.

Temas como el endeudamiento público, el altísimo costo de los intereses que el mismo genera, más las autorizaciones que solicita el gobierno para seguir en la misma dirección, pudieran servir de elementos para que la oposición oriente el discurso y le de sustento, y hasta ayude la labor crítica de sus legisladores. Pero no ha sido así.

Tal vez la oposición ha estado muy ocupada en otros asuntos, como la designación de los miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral. Ello, sin embargo, no justifica que los partidos y líderes opositores se olviden de otros temas esenciales como el presupuesto nacional del 2017 y la ley de gastos públicos.

Por ejemplo, el lugar de la política social del Gobierno en el presupuesto nacional. Es mucho lo que tendría que aportar el grupo de técnicos de los partidos de oposición en este sentido. También es mucho lo que aportaría con un buen análisis sobre las inversiones y gastos en el sector eléctrico, incluyendo los cambios estratégicos y endeudamiento con la construcción de las plantas de Punta Catalina. Hay mucha tela por donde cortar, en este terreno, pero esta semana un grupo de opositores ha preferido olvidarse del presupuesto nacional, a punto de ser aprobado, para protestar frente al Congreso por las palabras y acciones del diputado Noe Camacho respecto de las críticas de la diputada Faride Raful.

Necesitamos una oposición más consistente, más profunda en el análisis crítico de los temas de Estado, y más eficiente en el momento de identificar los temas estratégicos que podrían empoderarla frente a las decisiones del Gobierno.