Si bien el Banco Central cuenta con registros sobre la inversión, el gasto, el consumo, el tamaño y la composición del Producto Interno Bruto (PIB), entre otros, existen, en la actividad económica local e internacional, un conjunto de operaciones que escapan a esos controles. Este volumen y flujo de actividades forman parte de la llamada economía sumergida. Su cuantificación es inexacta porque opera de manera encubierta o paralela a la formal. Tampoco existen instrumentos precisos de cálculo. Los métodos de medición apenas constituyen aproximaciones como el análisis de la evolución del flujo de efectivo con relación al PIB o con el total de depósitos en el sistema financiero regulado o el análisis del número de trabajadores irregulares por la productividad del trabajo de la economía oficial o registrada.

Economía sumergida no es sinónimo de economía informal. Esta última, si bien forma parte de la primera, funciona al margen del mercado formal por factores imperativos de realidad económica, como la exclusión social y laboral; así, de acuerdo con la Encuesta de Fuerza de Trabajo del Banco Central, el 56% de la mano de obra activa en el país trabaja en actividades laborales de informalidad, circunstancia motivada, entre otras, por los bajos salarios que dominan en el sector formal de la economía, pendientes desde hace varios años de una revisión. En la economía sumergida, en cambio, el anonimato responde a una intención defraudadora que generalmente procura la reducción de costos, la opacidad, los manejos elusivos de las obligaciones fiscales o la evasión de las cotizaciones laborales. Ambos fenómenos, aunque se distancian en sus causas, se encuentran en sus efectos: reducir las fuentes contributivas del Estado.

No existe en la República Dominicana un estudio de rigor sistemático sobre la economía sumergida, más cuando los propios controles de la economía formal no son enteramente confiables. Así, determinar el tamaño exacto de nuestro PIB será siempre un ejercicio referencial porque nunca sabremos a ciencia cierta la incidencia real de la economía no registrada en la generación de la riqueza. Y es que la economía sumergida distorsiona la realidad económica, deforma los índices macroeconómicos y crea dificultades en la consolidación fiscal.

Un fantasma igualmente inmensurable es la corrupción pública. Los “barómetros” que la analizan solo cuantifican su percepción sicológica en la ciudadanía. Si las agencias de fiscalización de las cuentas públicas fueran realmente operativas e independientes, la estimación cuantitativa de la corrupción constituiría un ensayo relativamente fácil, dadas las formas culturalmente explícitas de su modus operandi. Pero la corrupción se plantea como una premisa de impunidad desde el momento en que los órganos encargados de velar por la administración eficaz y transparente de los recursos públicos sean entidades politizadas y jerárquicamente dependientes del ejecutivo. En los últimos diez años el crecimiento económico de la República Dominicana ha revelado una relación desproporcionada con la capacidad de sus fuentes generadoras de bienes y servicios. Este cuadro es sintomático; evidencia el impacto de la economía que subyace en fuentes no declaradas de riqueza.

El lavado, por su parte, se mueve en dirección contraria a la economía sumergida ya que procura limpiar el origen del capital mediante su ingreso a la economía registrada a través de medios formales. No obstante, la actividad generadora de su riqueza no tiene control, quedando los ingresos de sus operaciones regularmente atrapados en esa economía subterránea. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el lavado de dinero representa del 2 % al 5 % del PIB global, lo que equivale a alrededor de 1,5 a 2 billones de dólares anuales. En América Latina, una estimación bruta del lavado de dinero en la región lo ubica entre el 2,5% y el 6,3% del PIB regional anual.

Corrupción, lavado y economía sumergida constituyen disfunciones estructurales del sistema. Mientras no se detecten sus causas y se controlen sus consecuencias será una pretensión quimérica abordar el tema del desarrollo integral dominicano. Un Estado pierde autoridad frente a sus ciudadanos cuando no respeta su propia institucionalidad, pero esa circunstancia tampoco dispensa al ciudadano de cumplir con las obligaciones fiscales. Mientras esa dinámica viciosa de imputaciones recíprocas mantenga vigencia nunca podremos contar con una sociedad confiada para contribuir con el Estado ni un Estado en capacidad de exigir legítimamente la contribución social.   Es en ese contexto donde se hacen imperativos los pactos sociales de amplia base. Los nuestros han sido coyunturales, casuísticos, verticales y de cúpulas; con una rancia mediación clerical y actores actuando como jueces y partes de sus agendas. Es tiempo de innovar y explorar nuevos espacios, procedimientos y, por favor, … otros actores.