Es urgente revisar el Código Penal para insertarle un nuevo capítulo: el de la delincuencia periodística pagada, que no tiene atenuantes en ninguna de sus variadas prácticas: el sicariato periodístico (destruir honras por encargo); las complicidades periodísticas (que se practican lo mismo con palabras que con silencios); el caliesaje periodístico (el sospechoso acceso privilegiado a fuentes militares y policiales para fines difamatorios), y la necrofagia periodística (acabar con un muerto que, por tanto, no puede defenderse). Y la peor agravante sería si el delincuente se declara analista “serio” y/o “independiente”.