Jean Alain Rodríguez resulta, por lo menos en imagen, el menos indicado de los funcionarios designados por Danilo Medina para la posición que le fue asignada: Procurador General de la República.

Era el director ejecutivo del Centro de Exportaciones e Inversión Extranjera (CEI-RD), y jugó un rol importante en esa instancia vinculada a la economía. La promoción que hizo de su labor le proyectaba más como economista que como abogado.

Obvio que ahora hay que escarbar en sus dotes de abogado y en particular como penalista para conocer sus habilidades o dominio de una entidad tan compleja como la administración del Ministerio Público.

Por los pasos dados al final del Gobierno por Francisco Domínguez Brito, con los casos Tucano e INAPA, parecía claro que el Procurador General de la República se estaba despidiendo de la posición y no quería dejar pendientes casos tan graves como estos que implicaban la prisión de empresarios, oficiales militares incluyendo a un ex ministro de Defensa, y a senadores del partido oficialista, relacionados con la tendencia del presidente Danilo Medina en el PLD. Se entiende que en este caso el Procurador haya optado por actuar sin poner en alerta al presidente de la República, como se ha comentado.

Luis Henry Molina, abogado penalista, quien fuera director de la Escuela de la Judicatura y que desempeñaba la función de viceministro de la Presidencia, auxiliando a Gustavo Montalvo, parecía más indicado para la Procuraduría General de la República. Y hasta es probable que así se haya pensado inicialmente. Y terminó -con obvia sorpresa- designado para ocupar una posición en el ámbito de la economía y la inversión extranjera, con la que tiene menos vínculos que un agricultor con la informática. Su área natural es el derecho penal y pudo ser un buen Procurador General de la República, con capacidad para entender, bien administrar y ejecutar políticas de modernización del área con los cambios que se ejecutan, derivados de las nuevas disposiciones constitucionales y de nuevos códigos, que inciden directamente sobre la labor del Ministerio Público.

Cuando se escarba el historial de Jean Alain Rodríguez se encuentra poca información sobre su visión en la materia penal. Prácticamente nada aparece, salvo las relaciones laborales que tuvo como asistente en la Fiscalía del Distrito Nacional hace ya algunos años. Y que fue asesor legal de varias instituciones del Estado.

Jean Alaín Rodríguez ha entrado en un área complicada, conflictiva, de lucha de intereses que van mucho más allá que el mercado de inversiones o de exportaciones al que se acostumbró durante los últimos cuatro años.

Jean Alain Rodríguez es un profesional exitoso, con una declaración jurada en 2012 con un capital en pesos de 225 millones, con títulos, bonos, capital invertido y acciones valoradas en 78 millones de pesos, más inmuebles urbanos por 97 millones de pesos, más otros activos por 34 millones de pesos, y unas cuentas por pagar de apenas 5 millones de pesos, con cuentas por cobrar de 6 millones. Es un hombre al que la función de abogado le ha permitido acumular fortuna y vivir con tranquilidad y sin limitaciones.

Esa tranquilidad puede haber llegado a su fin con su designación en la Procuraduría General de la República, donde tendrá que manejar el Consejo Superior del Ministerio Público, la Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa, el sistema carcelario, y temas como violencia de género, derechos humanos, tráfico de personas, y los delitos relacionados con el medio ambiente, menores en conflicto con la ley, escuela del Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, programa de apoyo a la prevención del fraude eléctrico, más los departamentos de procuradores de corte, fiscalizadores de paz y los procuradores laborales, de niños, niñas y adolescentes y los de corte de apelación.

Cada una de éstas áreas evolucionan diariamente, del mismo modo que evolucionan los delitos y los casos conflictivos con la Policía Nacional, con Interior y Policía, con la Cámara de Cuentas o con los ayuntamientos. Conflictos políticos surgen a diario para el Procurador, sea por la demanda de organizaciones, personajes, embajadores, o los que provengan de los funcionarios del gobierno, la dirección del PLD o los que se deriven del propio Palacio Nacional.

La corrupción y sus derivaciones es probablemente uno de los temas más complejos y difíciles de manejar, por las colindancias que existen en una sociedad permisiva y complaciente, o porque el Estado carece de una política clara de transparencia. Mientras por otro lado las presiones de la sociedad civil, de empresarios y de organismos internacionales exigen respuestas a posiciones oficiales o a tratados y acuerdos contraídos por el Estado.

Tal vez Jean Alain Rodríguez se convierta en una sorpresa, con la introducción de nuevos elementos -acordes con los reclamos de la sociedad- y ponga en marcha un Ministerio Público más responsable y cumplidor del rol que le tiene asignado la Constitución de la República.

Tal vez Jean Alain Rodríguez se convierta en el mejor Procurador General en los 16 años de gobiernos del PLD. La duda queda, por supuesto, y los observadores y críticos tendrán que atenerse a los hechos. Como dijo Danilo Medina en el 2012, lo mejor será que evaluemos la gestión que se inicia por los hechos y no por las palabras, y esto mejor que nunca en el caso del Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez.