Ojo con la nueva Ley Orgánica Policial, 590-16, que sin duda alguna viene a debilitar más, la ya cuestionada institucionalidad de la Policía Nacional. Parece objetivo de las autoridades políticas: Cuanto más débiles las instituciones habrá mayor grado de impunidad.

El bajo salario del policía, así como, la injusta y corrupta manera de distribución de las compensaciones y especialismos en la institución policial, obliga al policía honesto y trabajador a recurrir al pluriempleo. No llego a entender el por qué se hace una nueva ley orgánica para la policía en la que se reducen sus derechos adquiridos y se le pone camisa de fuerza para que los policías no puedan generar más ingresos.

Sumado a esto, se aumentará la tarifa de peaje que envuelven los negocios corruptos del permiso para realizar otros trabajos ajenos a la función policial. Situación que tarde o temprano lamentará toda la sociedad. Nunca debió establecerse sanción para los policías que desempeñan otros trabajos remunerados, sin antes garantizar las necesidades básicas de cada miembro policial, a través de un salario digno y presupuesto suficiente para adecentar la profesión policial, por ahí debieron empezar los legisladores al trabajar la ley 590-16.

Es bueno que se sancione a quienes violen la ley, pero, comenzar a sancionar a los servidores públicos más vulnerables y que corren mayores riesgos en el desempeño de sus funciones, es cuestionable y muy extraño. La Constitución también lo prohíbe pero no es penado.

La solución no estará nunca en limitar y sancionar  por otros trabajos remunerados, si no en pagar lo que amerita el trabajo o profesión de mayor riesgo del país que es el quehacer policial.

Sin dinero no habrá reforma y mucho menos seguridad. La sazonada reforma de la Policía Nacional tiene más de 20 años anunciándose y los responsables haciéndose indiferentes; aún no entienden que “la mejor reforma” repito, se hace con dinero, por lo que debe iniciar con un presupuesto adecuado, salarios justos y seguridad social digna para todos los policías.

Es esencial y evidente que para desarrollar cualquier proyecto desde el mismo momento que concebimos la idea, se necesita contar con un presupuesto, de lo contrario será una aspiración. Elaborar un proyecto viable y sustentable requiere tiempo, base de datos de diferentes fuentes, estudios comparativos de numerosos expertos, sea cual sea el área científica a considerar. Además de la plantilla y las herramientas requeridas o necesarias acorde a los requerimientos de la conflictividad social.

No todo es dinero, Pues, en lo que llega esa conquista presupuestaria, es posible mejorar el trato humano, estricta depuración de cada miembro policial y distribuir equitativamente con transparencia y siendo eficientes los recursos existentes. Incluyendo firme regulación de las 8 horas laborables establecidas y estabilidad en los puestos para hacer carrera en cada especialidad. Mejores docentes y adecuar pénsum académico.

Erróneamente se nos ha vendido que una reforma policial se logra con la nueva ley y que ello resolverá la crisis de miedo por la inseguridad y la violencia, nada más alejado de la verdad. Este fenómeno social es muy complejo y de difícil solución, el mismo requiere la intervención del gobierno central con voluntad política responsable y permanente involucrando a todos los expertos de cada sector social.

La misión principal de los organismos de seguridad es la prevención y aplicación de la ley en pos de la seguridad humano y la paz social, no de reprimir, perseguir o recaudar. Por ello, las estrategias más importantes de los actores judiciales deben estar enfocadas en la prevención y el control, reconociendo que la Policía Nacional, es la principal institución para prevenir las infracciones y controlarlas; además de ser el brazo fuerte de la justicia.

Es incomprensible que durante la reforma del sistema de justicia se haya excluido a la policía sin tomar en cuenta que es donde comienza todo proceso judicial, ya sea con la intervención en primera acción en cada conflicto social que corresponde a la policía preventiva o con la investigación policial en las labores de persecución del delito en cuanto la justicia penal.

Por otra parte, son innumerables mis escritos llamando la atención y proponiendo límites en lo militar y lo policial, así mismo para despolicializar las FFAA y desmilitarizar la Policía. El problema debe ser visto de manera institucional, profesional y sin prejuicios, respetando ambos roles. Así lo manda el artículo 261 de nuestra Constitución: “Cuerpos de seguridad pública o de defensa. El Congreso Nacional, a solicitud del Presidente de la República, podrá disponer, cuando así lo requiera el interés nacional, la formación de cuerpos de seguridad pública o de defensa permanentes con integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que estarán subordinados al ministerio o institución del ámbito de sus respectivas competencias en virtud de la ley. El sistema de inteligencia del Estado será regulado mediante ley.”

Es claro que se imponen los intereses particulares y se olvida lo institucional. He sido reiterativo en afirmar que la principal amenaza a la institucionalidad policial son las Fuerzas Armadas.

Recordar e insistir que la seguridad es un asunto de todos por lo que obliga un debate crítico sin censura para estos temas. Así como encuentros académicos que den luz y pongan fin a estas confusiones, conflictos de roles e irresponsabilidad de los actores principales de los diferentes poderes.

Dios les bendiga siempre Pueblo Dominicana.