La queja de los consumidores respecto a la denominada voracidad de determinados comerciantes inescrupulosos en el manejo de los precios y la presentación de los productos alimenticios, se ha convertido en un constante lamento. A veces, esta condición no ha permitido apreciar los esfuerzos que llevan a cabo organismos del Estado para frenar estas acciones, que van en perjuicio de la salud y el bolsillo de los ciudadanos dominicanos.

En los últimos meses hemos podido apreciar, no obstante, la labor llevada a cabo por Pro-consumidor que durante el primer semestre del presente año realizó 1,865 inspecciones a nivel nacional incursionando en negocios tales como supermercados, cafeterías, panaderías, colmados, comercializadoras de agua, así como bares y restaurantes.

El aspecto más relevante de esta acción de incumplimiento de las normas legales de comercialización, dio como resultado la incautación de 48,358 productos en mal estado o vencidos ofertados en estos establecimientos. Determinando la voluntad de Proconsumidor de iniciar una campaña educativa de concienciación del consumidor sobre este tema.

Al parecer por lo menos en este sector se viene aplicando el régimen de consecuencia, por cuanto se asegura que en lo que va de año se han multado a 71 empresas, obligándolas a pagar 2,245 salarios mínimos.

Otra acción orientada en el mismo sentido que beneficia no solo al consumidor sino también al productor nacional, es la medida tomada por los estamentos gubernamentales con la colaboración de los sectores empresariales involucrados, para garantizar el etiquetado de los productos alimenticios de importación.

Todos estos esfuerzos han sido impulsados con el interés de garantizar la calidad de todos los alimentos que se comercializan y son adquiridos por los consumidores en el país, al tiempo de darle una mayor capacidad competitiva a la industria nacional.