El mismo día que la Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas consecutivas el Código Penal, excluyendo las causales eximentes de responsabilidad, todos los medios de comunicación del país también dieron cuenta de una nota distribuida por la Policía Nacional, de que seis fetos habían sido encontrados en una bolsa plástica color negro en la autopista o avenida Ecológica de San Isidro, en la zona oriental de la capital.

¿Coincidencia temática o la noticia es de dudosa reputación?

No lo sabemos, pero es probable que si la Policía Nacional hizo aquel hallazgo en el mismo momento que se aprobaba en segunda lectura el Código Penal, una cosa tuviera vinculada con la otra. Es decir, alguien quiso llamar la atención de otra forma sobre el tema del aborto en la República Dominicana. Si fue así, entonces estamos ante un hecho criminal de dimensiones muy serias. Por ello es necesario ver en sus detalles la nota de la Policía Nacional para dar a conocer el horrible hallazgo.

Dice la nota que los fetos tenían entre 4 y 10 semanas de gestación. Ese dato lo ofreció un médico legista, de quien no se ofrece el nombre. Un feto de cuatro semanas, de acuerdo con  las consultas que hicimos, no es ni siquiera perceptible. La descripción de la cuarta semana de embarazo es que se trata de un embrión del tamaño de una semilla de amapola.

Entre las cuarta y la décima semana no es posible siquiera conocer el sexo del embrión, porque no es perceptible. Y la nota de la Policía Nacional decía que el “legista” dictaminó que cuatro de los embriones descubiertos en la avenida Ecológica eran de sexo masculino y los otros dos femenino.

La Policía dijo que envió los embriones al Instituto Nacional de Patología Forense, a fin de determinar las causas del fallecimiento. Ya en este punto es que surgen las mayores dudas, porque se se trata de embriones, que la nota periodística llamó fetos, de entre 4 y 10 semanas, es clarísimo que hablaban de abortos inducidos, y la Policía quería determinar a través de Patología Forense “las causas del fallecimiento” de cada uno. Es decir, alguien está tratando de engañar a los medios de comunicación o a la sociedad, con la intención de que se alarme o brinde apoyo a cualquier iniciativa legislativa que sea condenatoria del aborto en cualquier circunstancia, sin tomar en cuenta cuando la vida de la madre está en peligro, cuando se trata de un embarazo producto de una violación sexual o de un incesto, o cuando el feto viene con malformaciones que no le permitirían vivir después del nacimiento.

Hasta el momento el Instituto Nacional de Patología Forense no ha ofrecido ninguna información sobre los fetos o embriones. Ojalá que la ofrezca y aclare estos temas oscuros en esta nota policial.

La nota policial concluye diciendo que se ampliarían las investigaciones para determinar quién dejó los fetos en el lugar y quiénes son las madres de los mismos. Es decir, que ya no se trata de determinar las causas de las muertes, sino de saber cuáles madres fueron las que se sometieron a procesos abortivos para proceder judicialmente contra ellas. Si es así, ojalá que la Policía indague y encuentre a estas mujeres, porque es muy probable que ninguna de ellas, si es verdad que existieron y si los embriones son reales, padeciera de ninguna de las tres eximentes que se ha solicitado al Congreso tomar en cuenta para el nuevo Código Penal. Y en ese caso deberá aplicarse todo el peso de la ley.

Lo que produce extrañeza, y dudas por supuesto, es la coincidencia de la divulgación ampliamente, con titulares grandes, de este asombroso descubrimiento al mismo tiempo que el Congreso Nacional debatía y aprobaba el Código Penal que ciertos grupos quieren imponer, para despojar de sus derechos a las mujeres y para permitir que muera -por ejemplo- cualquier mujer con un embarazo ectópico o extrauterino, debido a las serias amenazas que contempla el Código Penal contra cualquier personal médico o para médico que ofrezca atenciones a una mujer con un problema reproductivo parecido.

Si la nota periodística policial fue una simple coincidencia, obra de Dios, dirán los fundamentalistas que quieren un régimen legal religioso en la República Dominicana. Si se trató de una treta propagandística, habría que decir que se trata de un crimen mayúsculo, en el que se utilizó la ignorancia policial para crear pánico en la sociedad.

Ojalá que el Instituto de Patología Forense hable con claridad sobre lo que recibió el pasado martes, descubierto supuestamente por unos transeúntes que iban por la avenida Ecológica.