Las noticias e informes relativos a la niñez difundidos la semana pasada son testimonio de las pobres políticas desarrolladas hacia este sector por los sucesivos gobiernos que hemos tenido. Su conocimiento obliga a todos los sectores de la sociedad a replantear, con la mayor seriedad posible, la imperativa necesidad de que se asuman políticas públicas responsables y  transversales destinadas a los niños, niñas y adolescentes.

Cuando de niñez se trata no se puede hacer las cosas “casi bien”, para agitar ante los ojos de la opinión pública largas listas de éxitos citados muchas veces fuera de contexto o abultados con fines propagandísticos, hasta el punto de llevar a que otros países “quieran aprender de  la experiencia dominicana”. Las cifras, las estadísticas presentadas por UNICEF están ahí, no mienten: mortalidad materna, mortalidad infantil, embarazos en adolescencia, fallecimientos de madres adolescentes, reproducción del círculo de la pobreza,  estragos de la violencia en la niñez… Frente a esta cruda realidad estamos obligados a exigir un nuevo rumbo.

En días pasados, el ministro de Educación anunció una anhelada decisión al informar que a raíz de la revisión curricular llevada a cabo por el Consejo Nacional de Educación, los estudiantes de todos los niveles del sector público recibirán clases de educación sexual y ética ciudadana, a partir del próximo año escolar 2016-2017. Con esta medida se reconoce que el  Estado, lejos de suplir el papel de los padres o madres, tiene la obligación de ofrecer información adecuada a fin de cumplir con el derecho que tienen todos los nin~os, nin~as y adolescentes de alcanzar el máximo nivel posible de información y  de salud y de acceder a tópicos que les permitan ejercer de manera más adecuada su sexualidad y sus derechos.

Sin embargo, no se nos ha explicado quiénes, con qué formación y de qué manera enseñarán, del día a la mañana, una materia tan delicada que conlleva a la vez aspectos psicológicos, socioculturales y biológicos importantes.

Somos un país donde el rechazo de parte de las iglesias de una educación sexual integral basada en derechos condena a miles de niños, niñas y adolescentes a una ignorancia peligrosa para su vida, donde no hay una clara distinción de lo laico y lo religioso en las escuelas públicas, donde el “temor a Dios” es a menudo utilizado como argumento de disciplina en aulas donde impera un machismo violento, donde los tabúes florecen, lo que hace imperativo educar también a los maestros.  Es una asignatura donde, de manera explícita o implícita, los docentes transmiten sus propias perspectivas, ideas, emociones y prejuicios acerca de la sexualidad a sus alumnos. Sin unificación de criterios y una preparación adecuada es normal que los maestros tengan dudas, inseguridades, resistencias, temores y que les falten contenidos.

Para capacitarse a fin de poder educar a sus alumnos en el tema de la sexualidad los docentes deberán enfrentar previamente sus propios miedos y prejuicios, tanto más que los educadores preparados para brindar una educación sexual intencionada pueden constituirse en referentes para las nuevas generaciones.

Acercarse a la educación sexual desde la perspectiva de los derechos humanos supone considerar el sistema educativo como una institución que, lejos de reemplazar a otras que forman en sexualidad como la familia o el sistema de salud, permite el acceso a la información y la formación en  función de las distintas etapas de desarrollo que atraviesan los niños, niñas y adolescentes. Por tanto, es un derecho para  todos los niños, niñas y adolescentes, una responsabilidad de los adultos y una obligación estatal.

Recibir educación sexual desde la escuela brindará a muchos jóvenes la única posibilidad de acceder a conocimientos e informaciones que les ayudarán a asumir su sexualidad de manera más sana e integral, entendiendo al mismo tiempo mejor los derechos que les corresponden como ciudadanos.  Preparar nuestros maestros en esta importante tarea es el desafío.