Antes de iniciar la discusión sobre el Pacto Fiscal, del que tanto se habla luego de las declaraciones del Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, debería firmarse el Pacto Eléctrico, en el que aparentemente hay consenso y avances significativos.

Los tres pactos definidos por la Ley 01-12, que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo, son el educativo, que está en vía de ejecución y que fue el primer en consensuarse, y queda por firmarse el Pacto Eléctrico, que tiene meses de discusión en las conversaciones que ha conducido Monseñor Agripino Núñez Collado, como presidente del Consejo Económico y Social.

No es posible iniciar el Pacto Fiscal antes de que se firme el Pacto Eléctrico. ¿Cuál es la razón para la prisa? ¿Que el gobierno tiene apuros financieros y tiene que aumentar sus ingresos de forma inmediata? No es necesario que el Pacto Fiscal sea convertido en un nuevo parche para aumentar los ingresos del Estado. Hace falta una reforma integral de la fiscalidad dominicana y para eso fue que en el 2012 se aprobó en la Estrategia Nacional de Desarrollo ese pacto. Realizar un parche nuevo ahora, como ha hecho cada nueva administración con fines de aumentar sus ingresos, sería matar una buena idea concebida en la ley.

Si el gobierno quiere hacer cambios en el régimen tributario cometería un error que mataría la idea del Pacto Fiscal. Es su derecho tomar el camino rápido para aumentar los ingresos, al margen de un consenso nacional sobre un tema que involucra el bolsillo de cada ciudadano y ciudadana de la República Dominicana.

Es verdad que ya no existe Petrocaribe, que fue de gran alivio para las finanzas nacionales, que permitía ingresos anuales de hasta 600 millones de dólares al Gobierno, por las tasas impositivas a los combustibles, pagaderos en 23 años. Es verdad que Venezuela y RD hicieron una negociación de la deuda dominicana por Petrocaribe que implicó una reducción de casi 4 mil millones de dólares, y es verdad que ya el contrato con la Barrick Pueblo Viejo no implica el monto de recursos que la empresa entregó en los primeros cuatro años. Las finanzas públicas han reducido sus ingresos en el último año, pero el gobierno sigue gastando mucho más dinero en nómina pública y en gastos de precaria calidad.

Luego de haber negado cualquier posibilidad de discusión del Pacto Fiscal antes de las elecciones, el Ministro Administrativo de la Presidencia sorprendió recientemente con unas declaraciones que parecieron fuera de contexto:

El ministro Administrativo de la Presidencia aseguró que el pacto fiscal es un clamor generalizado que fue conocido por todos los sectores, incluido el Congreso Nacional, y que el Gobierno no puede hacerse sordo. José Ramón Peralta resaltó que agrupaciones industriales y empresariales expresan la necesidad de poner en vigencia el pacto ante la preocupación del crecimiento de la deuda en los últimos 15 años, que según dijo, tiene que ver con lo deficiente del sector eléctrico.

Campos de Moya, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, ha aclarado muy bien la cuestión. No hay prisa con el Pacto Fiscal -ha dicho- y hace falta atender otras urgencias del momento, como el Pacto Eléctrico antes de ir al Pacto Fiscal.

He aquí las palabras de Campos de Moya:

“El sector empresarial ha sostenido y así lo hemos acordado con las autoridades, que antes de iniciar cualquier discusión relativa al Pacto Fiscal se debe culminar el Pacto Eléctrico que nos conduzca a una reforma del sector eléctrico consensuada, que permita la eliminación o reducción sustancial en el sector eléctrico y que, por tanto, reduzca significativamente el déficit fiscal”.

Fue preciso en otras urgencias. “A partir del 16 de agosto del presente año la ciudadanía deberá centrar su atención en garantizar la transparencia y el cumplimiento de compromisos constitucionales fundamentales para la institucionalidad democrática de la República Dominicana”.

Entre esos compromisos citó, para no dejar dudas, la aprobación de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, la designación de los miembros de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, así como conformación del Consejo Nacional de la Magistratura que deberá a su vez elegir a los cinco jueces del Tribunal Superior Electoral y un juez de la Suprema Corte de Justicia.

“No nos apresuremos, ni nos dejemos arropar en iniciar procesos cuando no hemos cerrado o llevado a cabo otros que son impostergables. No podemos olvidar que no fue casual que la Estrategia Nacional de Desarrollo estableciera como orden de prioridad el Pacto por la Reforma del Sector Eléctrico antes del Pacto Fiscal, ya que sin resolver el problema financiero eléctrico es muy difícil llegar a decisiones fiscales certeras”.

Estamos de acuerdo con el llamado de la Asociación de Industrias de la República Dominicana.