Las  elecciones presidenciales, municipales y congresuales de la República Dominicana celebradas el 15 de mayo de 2016, deben quedar registrada en la historia e identificadas como el proceso donde prevaleció deficiencias, distorsiones, violaciones legales que vulneraron principios y valores democráticos, donde disminuyó la legitimidad a las autoridades electas, además de cercenar la voluntad popular y destruir la conciencia ciudadana.

En el país fuimos testigos de un período preelectoral caracterizado por la falta de transparencia en el financiamiento de los partidos, con fuertes cuestionamientos de sus orígenes o fuentes, quedando demostrado que el dinero marca la forma de hacer política y los altos riesgos de la penetración del crimen, el narcotráfico y el lavado de activo en las organizaciones políticas, todo esto acompañado de recurrentes abusos del patrimonio público, el rentismo, el clientelismo y el transfuguismo.

Los políticos y los que financian sus campañas acuden por la acumulación originaria de capitales, generando desconfianza en el sistema político, en sus instituciones y  en el sistema legal, rompiendo el incentivo del trabajo transparente, honesto e idóneo, siendo la corrupción  un medio para el crecimiento político, para el ascenso social, sin observar, mínimamente, como decrece la credibilidad en el sistema, en la política y sus actores, aumentando el descontento popular y haciendo al  ciudadano un rebelde con causa.

La sociedad dominicana fue a un proceso electoral como “chivo sin ley”, agravado por  la actitud de la Junta Central Electoral y su renuncia de utilizar las facultades que le confiere el artículo 212 de la Constitución de la República “de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”.

La JCE concretamente, renegaron al cumplimiento párrafo IV del artículo 212 de la Constitución y a su  responsabilidad de “velar porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”, la JCE renunció a su competencia para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación” y al final de la campaña tuvo a bien promulgar una Medida Cautelar para intentar garantizar la equidad y la participación, pero penosamente, ya era muy tarde, las violaciones, abusos y exceso de los recursos públicos eran indetenibles.

El dolo electoral estuvo a la luz pública, evidenciado de mil formas y manera, con una intencionalidad deliberada con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados, ejecutados por diversos medios, a continuación se mencionan algunas: Utilización de recursos ilícitos para aumentar el gasto de campaña y obtener ventaja ilegal en la publicidad; control de los medios de comunicación para confundir y engañar a los electores haciéndolos creer que el resultado fraudulento es legítimo; uso de la fuerza pública contra los inconformes.

La etapa que vivimos requiere cambios profundos en el accionar político, hoy lo que está en juego no es un sistema de partido, lo que está en juego no es el propio “Sistema Democrático Electoral”, lo que está en juego,  es la Nación, el Estado dominicano, considerando que el proceso y los resultados electorales de las pasadas elecciones, hace más visible la fisura de un sistema político en crisis e incapaz de superar problemas de ilegalidad, legitimidad, representatividad y efectividad.

Las características generales de un Estado de derecho y un país con una débil democracia electoral quedó demostrado y al descubierto sus trampas en este proceso electoral, entre ellos,  la ausencia del imperio de la ley, la nula separación de los poderes, ilegalidad de las actuaciones de los poderes públicos, además, de violentados los  derechos ciudadanos y libertades fundamentales.

El proceso electoral nuevamente confirma que la reelección en un Estado con débil desarrollo institucional, con bajo estándares de cumplimiento de la ley, con altos niveles de corrupción e impunidad, con una clase política carente de principios y valores éticos, además, con la intermediación de partidos políticos convertidos en corporaciones, desideologizados, sin programas, ni doctrinas, abanderados del clientelismo como forma de hacer política, en ese contexto la reelección se convierte en la madrina de la corrupción y el abuso de poder.

Los resultados del proceso electoral nos coloca en la dimensión y en el más alto nivel de compromiso y responsabilidad de velar por las garantías de nuestro sistema democrático, que necesariamente cruza  por una real separación de poderes y un real peso de frenos y contra pesos de los poderes públicos, que permita reducir la concentración del poder corrompido, por ser fuente de regímenes autoritarios, arbitrarios, despóticos, que solo imponen, avasallan sobre la ilegalidad y la mediocridad de sus actuaciones.