Las conductas erráticas y anodinas de la JCE asomaron desde mucho antes de las pasadas elecciones. Pero las mismas se han recrudecido a tal grado que no ha habido día después del 15 de mayo que no salgan a flote irregularidades, ineptitudes, violaciones, descuidos, desaciertos, parcializaciones maliciosas y mal manejo de situaciones que atentan contra la justicia electoral y la voluntad popular.

El caos electoral y la incertidumbre de la población sobre el escrutinio de los votos emitidos por la ciudadanía, no sólo son muestra de la ineptitud que que el organismo electoral exhibe en cámara lenta, sino que también esconde otros propósitos que vienen a reiterar la parcialización y la falta de transparencia en sus decisiones.

Con su imagen y su credibilidad muy mermadas la Junta Central Electoral se ha situado al margen de la ley y achaca a otros sus culpas peligrosas y maliciosas que desvirtúan la democracia electoral.

Estos comportamientos enrarecidos ya fueron alertados por el  Miembro Titular de la Junta Central Electoral, quien a raíz de la aprobación de la Resolución No. 64/2016, defendió su voto disidente razonado advirtiendo que con la medida contenida en la citada Resolución la Junta suplantaba al legislador al imponer el escrutinio electrónico sin cumplir con el procedimiento establecido por la Ley Orgánica Electoral 275-97.

Su advertencia pone de relieve otras transgresiones mayores del organismo electoral, tales como “la franca violación de la Constitución y el Estado de Derecho, colocándose en contra de los principios de legalidad y previsibilidad”, no sin antes señalar también la violación a más de una docena de Artículos de la propia Ley Electoral vigente, así como la Ley de Libre Acceso a la Información.

El reporte del “comportamiento interno” de la JCE es retratado valientemente por el  Miembro Titular Eddy Olivares en el documento que deja constancia de su voto disidente razonado, cuando expresa: “El autoritarismo con que ha sido impuesta la Resolución No. 64/2016, se ha convertido en una praxis, que ha devenido en que el órgano electoral ha dejado de ser  un árbitro a cargo de la administración del proceso electoral, para transformarse en un defensor intransigente de sus ideas que no toma en cuenta a los principales actores, que son los partidos políticos y los ciudadanos”.

De la misma manera, alude también que “como consecuencia de este comportamiento el órgano electoral ha arrastrado a una lucha a favor o en contra de sus ideas, descuidando la garantía de equilibrio que debe dar todo árbitro, generando una peligrosa desconfianza al proceso electoral”.

El perfil nefasto de la Junta Central Electoral no puede ser más patético. Empeñada en fabricar entuertos que agravan la contaminación del escenario electoral presente, la Junta no puede continuar creando más desconcierto. No puede continuar cometiendo más desacatos a la ley.

Los partidos y los ciudadanos habremos de pedirle cuentas a JCE,  habremos de detenerla por las vías que permite la ley en su obstinación parcializada y calculada de hacer lo que le venga en gana ignorando la voluntad popular.

Pero la Junta tiene nombres y apellidos. El de su presidente, que emula los métodos del autoritarismo trujillista y el de los miembros adocenados que obedecen al jefe y que temen su ira.

Ellos y sus defensores de la sombra merecen la más baja  calificación cívica. Merecen cero en conducta. Por “haberse quemado”, quedan descalificados para continuar simulando el cumplimiento de un deber democrático que su inteligencia o su perversidad no le permiten percibir, ni mucho menos cumplir dignamente.