La Junta Electoral del Distrito Nacional inició este domingo el reconteo de votos de alrededor del 33 por ciento de los colegios, sólo en las actas C1 que registra el voto preferencial, debido a que en ese porcentaje de colegios las actas sencillamente no se llenaron, lo que pone en evidencia el gran desorden que hubo en las elecciones del domingo 15 de mayo.

Quemas de boletas electorales, violencia entre candidatos que dicen haber hecho acuerdos con funcionarios electorales, quejas de los candidatos de la oposición, denuncias de organismos electorales del exterior, que lamentan el deterioro del ambiente electoral en la República Dominicana, y sobre todo que se sorprenden del fracaso de las nuevas tecnologías prometidas por la Junta Central Electoral. Todo eso y mucho es más es parte de lo que hemos heredado de las elecciones.

Los líderes de la oposición quieren recoleto manual de todos los votos. Es lo que han pedido. La JCE no ha respondido ninguna petición. Sigue contando votos a un ritmo desesperante por la lentitud, y aunque a nivel presidencial una semana después de las elecciones no tenemos el reporte del 100 por ciento de los votos, en el nivel congresual y municipal la situación es más dramática.

Los candidatos a senadores, diputados, alcaldes, síndicos y regidores tienen montada una presión muy fuerte en las juntas electorales.

La gran duda que se tiene es la forma en que fueron constituidas las mesas o colegios electorales. Parece que quienes tuvieron responsabilidad eran militantes políticos, que tenían compromisos con partidos y con candidatos, y eso explica que el voto preferencial no haya funcionado adecuadamente.

El otro tema es la denuncia del presidente de la JCE, Roberto Rosario, en el sentido de que tres mil asistente técnicos, de los 16 mil contratados, renunciaron a presentarse en las mesas de votación apenas unas horas antes de las elecciones. Participación Ciudadana reportó que el 90 por ciento de los centros donde hizo observación electoral se presentaron los asistentes técnicos.

Reportes periodísticos dan cuenta de que varios de los asistentes técnicos que renunciaron a presentarse habían dicho con antelación que no acudirían a las elecciones, porque nadie nunca les dijo lo qué tendrían que hacer, que desde el primer momento dijeron no estar interesados, y que así lo hicieron saber a quienes les convocaron, pero el desorden era tan grande que nadie tomó nota de su negativa.

Ahora el desprestigio de la JCE no aguanta más y la enorme cantidad de millones gastados por Roberto Rosario Márquez para garantizar un respaldo masivo y una imagen de eficiencia se han ido al zafacón. La responsabilidad del organismo electoral en todo cuanto ha ocurrido es innegable, y el fracaso no puede atribuirse a nadie que no sea el presidente de la JCE, Roberto Rosario, quien marginó incluso a los demás miembros titulares del pleno en decisiones fundamentales.

Por ejemplo, nadie sabe quién designó a los 16 mil asistentes técnicos, ni bajo cuáles procedimientos, ni la rigurosidad que se tuvo al escogerlos, ni si hubo un contrato firmado entre los supuestos asistentes y las autoridades electorales. Tampoco se sabe quiénes designaron a los presidentes de mesas, en particular los que sirvieron en municipios que eran claves para determinadas candidaturas.

El hecho dado es que existen unas autoridades electas, y que el cuestionamiento a su elección podría mantenerse durante un tiempo. Eso debilita al sistema democrático y en particular pone muchas dudas sobre el sistema de elección. Ni al poder ejecutivo ni al congreso les conviene un cuestionamiento a su legitimidad. La democracia implica una legitimidad de la elección, y en este caso la JCE es la única responsable de que existe el cuestionamiento.

Alguien debe ofrecer informaciones y explicaciones convincentes, por la salud del sistema político dominicano.