Resulta más que evidente que el nivel de cobertura social alcanzado es notablemente mayor que hace 15 años, cuando nació el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), dejando atrás para siempre cuatro décadas de exclusiones e intentos fallidos de reforma.

Pero también hay que señalar que aún están pendientes las principales reformas establecidas en la Ley 87-01. Y que los 10 años de transición concluyeron, sin alcanzar las metas de universalidad, ni asegurar la calidad de la protección de corto y largo plazo.

Ciertamente, la cobertura creció de un 22% al inicio del milenio a más de dos tercio al concluir el 2015. Millones de personas de escasos recursos, quienes durante décadas fueron víctimas de la exclusión, hoy cuentan con cobertura aceptable de salud, riesgos laborales y retiro.

La participación de la mujer ha sido notoria, gracias a la solidaridad y al carácter familiar del Sistema. Se ha logrado un mayor acceso a los tratamientos catastróficos y a los medicamentos. Y los fondos de pensiones han crecido en forma sostenida, rondando el 14% del PIB.

Como actor de primer orden durante el diseño, la redacción de la Ley y su puesta en marcha, me siento orgulloso de los frutos obtenidos, pero no satisfecho. Estos logros cuantitativos no ha sido debidamente complementados con las reformas dispuestas en la ley para elevar la calidad de la protección y asegurar la sostenibilidad del sistema.

Algunas distorsiones y reformas pendientes

El sistema ha sido fragmentado al permitir que las instituciones públicas  que perciben los mejores salarios (las autónomas y descentralizadas, así como el Congreso Nacional y el Poder Judicial), se auto excluyan, violando el principio de universalidad y solidaridad social.

La ausencia de la atención primaria ha obligado a 8 aumentos de la cápita y al crecimiento multimillonario del gasto de bolsillo, generando inequidad. 15 años después la atención médica, pública y privada, se realiza bajos los mismos esquemas, prácticas y patrones de la década de los 70 y los 80.

Hacen falta diseñar fórmulas que reduzcan el costo de la afiliación y el proceso de pago de los trabajadores, técnicos y profesionales independientes. Además, que viabilicen el ingreso de  microempresas sin temor a incumplimientos, recargos y quiebras.

La debilidad y permisividad de las autoridades ha contribuido a que el aseguramiento y la provisión pierdan su esencia social y se reduzcan a un negocio más. A pesar de varias decisiones positivas del CNSS, en la gente común y en la opinión pública, aumenta la percepción de que los grandes beneficiarios han sido las AFP, las ARS y las PSS.

Uno de las falencias más lamentables ha sido la palida defensa de los auténticos intereses de los afiliados, especialmente en el seno del CNSS. La representación sindical no ha estado a la altura de su responsabilidad social, como se esperaba. Hace falta más información y orientación.

A pesar de los avances, todavía la gran mayoría de los jubilados no tienen acceso al Plan Básico de Salud. Y tampoco les actualizan sus pensiones. Si bien los fondos de retiro esperimentan un crecimiento sostenido, todos los estudios indican que, en promedio, apenas garantizarán una pensión cercana al 40%.

Lo más penoso es que no existe una conciencia clara sobre las implicaciones económicas y sociales de este vaticinio. Y que en tres ocasiones el Senado haya engavetado un proyecto de los diputados para reducir las desproporcionadas comisiones de las AFP.

Las autoridades han prometido enfrentar estos retos. Pero sus acciones han sido muy lentas, en relación al mandato de la Ley y a las necesidades del país. Ojalá que en los próximos años hayamos superado estas distorsiones e iniciado las reformas. ADS/136/12/05/2016.