En la República Dominicana queda evidenciado en el marco jurídico e institucional, en los últimos años evidencia cambios legales, normativos, tecnológicos y operativos de innegables trascendencias en los ámbitos de la administración financiera y presupuestaria pública.

Sin embargo, en base al análisis, los alarmantes datos conocidos en el país sobre el despilfarro del gasto público, más aún en los ciclos electorales, conduce a reconocer que queda un amplio camino por recorrer en materia de una cultura de transparencia, institucionalización, legalidad y de manejo de los recursos públicos con  integridad y eficiencia.

La evidencia más clara de esta afirmación reside en  el incremento descomunal, en el gasto gubernamental en los últimos procesos electorales. En 2008, el gasto creció en 28%, y en 2012 lo hizo en 40%. Ambos incrementos resultaron en déficits fiscales y mayor endeudamiento, e acuerdo a las informaciones de la ejecución presupuestaria en el 1er trimestre de este año  muestra una tendencia de riesgo como en procesos anteriores.

La ausencia de cumplimiento de dispositivos normativos y un robusto sistema de consecuencia para el control del gasto público , generado por la falta de inspecciones y por el desorden institucionalizado, promovido por una clase política que se apropia del patrimonio público, administrando el erario público con imprudencia y con fines particulares o grupales, por encima el bien común.

El indiscutible aumento del gasto público en periodo electorales, con ello los frecuentes déficit fiscales y como consecuencia el incremento de la deuda pública interna y externa, convertido en un medio para financiar la acumulación originaria de capitales de actores políticos y grupos económicos, sobre la base del empobrecimiento de la población, llegó a cifras alarmantes, preocupantes e insostenibles en el corto plazo.

El fraude fiscal del año 2012 precisamente en un contexto electoral, puso en evidencia la urgencia de la adopción de mecanismos de controles claros, precisos, que permitan establecer medidas para garantizar la responsabilidad fiscal, aumentar la transparencia, transformando la gestión del gasto del Estado y reducir la corrupción, aún pendiente y de ahí se desprende los altos riegos en este contexto electoral y en medio de una relación presidencial y en muchos casos de los niveles congresual y municipal.

En este contexto, para instituir mecanismos de control efectivo, será necesario diseñar un estricto sistema de vigilancia, revisión y registro, seguido de un sistema de consecuencia efectivo e inquebrantable, que permita castigar la infracción, desobediencia, violación o inaplicación de los principios rectores de un sistema de transparencia y responsabilidad fiscal.

En ese sentido, en el país debemos avanzar en procesos de fortalecimiento de cinco dimensiones incluyen: a) el tamaño del gobierno; b) la posición fiscal y la sostenibilidad; c) la composición, eficiencia y efectividad del gasto; d) la estructura y eficiencia de los sistemas de ingresos (impuestos); e) la gobernanza fiscal.

La Ley No 1-12 que instituye la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, señala en el marco de la adopción del Pacto Fiscal, para la reestructuración integral del sistema, considerar la promulgación de una Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que establezca políticas, normas y sobre todo penalidades que sancionen su incumplimiento.

De esta reflexión, se desprende la necesidad de que el Congreso Nacional conozca y apruebe el Proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que tiene por objeto “establecer las reglas y condiciones para el logro de una prudente, responsable y transparente gestión financiera del Estado base esencial para el desarrollo económico y sostenible de la Nación”.

Además la referida normativa establece: “la estructura institucional encargada de la aplicación y supervisión del régimen de responsabilidad y transparencia fiscal, así como el sistema de consecuencia que se deriva de su inobservancia violación o inaplicación”.

La sociedad debe impedir que la deuda pública generado por el gasto público sin control en los procesos electorales se pueda convertir en unos de los mecanismos de la  acumulación originaria, del hurto, del robo, el fraude y el enriquecimiento sin causa, detener el incremento de la deuda pública utilizada para financiar los grupos  enquistados en la dirección del Estado se convierte en una tarea urgente e imperiosa.