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:: Hay que transformar la Liga Municipal Dominicana
Hay que transformar la Liga Municipal Dominicana

Por: Domingo Matías/Acento - 20/01/2016

La Liga Municipal Dominicana, institución gubernamental, de carácter descentralizada, creada mediante la Ley 49, de fecha 23 de diciembre de 1938, surgida en el marco de la dictadura de Trujillo, vuelve a ser un hecho político y social de discusión.  Cada 4 años, agentes de los partidos políticos discuten, debaten, se la buscan, negocian a ”quién le toca” la Liga Municipal Dominicana. No obstante, no se observan preocupaciones, propuestas, proyecciones, perspectivas y  preguntas sobre qué hacer para que funcione adecuadamente.

Hace décadas se viene demandando la transformación institucional de la Liga Municipal Dominicana. Esto no ha sido posible. No existen indicadores y resultados que así lo revelen.

El próximo 26 de enero 2016 se reúnen los alcaldes del país a seleccionar el nuevo secretario general. Algo atípico surgiría: autoridades municipales salientes el 16 de agosto 2016 elegirían autoridades entrantes el 26 de enero 2017. Lo ideal sería que la elección la hicieran las futuras autoridades municipales, que se juramentaría para el periodo 2016-2020. Dentro de ese ideal, considerar que en el ínterin de 12 meses (26 enero 2015-26 enero 2016), que pasarían para la selección de las nuevas autoridades, el Ministerio de Administración Pública (MAP) realice una evaluación de desempeño del personal y de la nómina de personal fijo y del pull de asesores, muchos de estos últimos miembros de los partidos políticos. Que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MAP) aporte soporte técnico para el diseño de su Plan Estratégico e integrar parte del presupuesto en el desarrollo de plan de Cohesión Territorial, y la Comisión Presidencial para la Reforma Municipal impulse la transformación de la LMD, mediante ley, en Instituto de Formación y Desarrollo Municipal.

En el año 2012 ya habíamos escrito que la transformación de la Liga Municipal Dominicana estaría conectándose con una decisión arribada por la sociedad dominicana en la Cumbre por la Consolidación y Ampliación de la Gobernabilidad en el año 2009. En este escenario se decidió a unanimidad que la Liga sea convertida en el Instituto de Formación y Desarrollo Municipal, lo cual implicaría una estructura técnica-burocrática-profesionalizada y diferenciada del actual esquema. Una estructura que responda al modelo burocrático weberiano. También conduciría a la  definición de un presupuesto acorde con la demanda de asistencia técnica de los gobiernos locales o un presupuesto por programa, la concentración de apoyo técnico a los gobiernos locales o ayuntamientos con menor desarrollo institucional. Este modelo rompería de manera radical con la visión clientelista y patrimonialista con que se administra desde hace décadas.

Desde el año 2007 hasta el año 2015 la Liga Municipal Dominicana ha recibido aproximadamente 7 mil 300 millones de pesos. Ha de suponerse que con semejante cantidad de fondos pudieron alcanzarse o cumplirse con objetivos y resultados en la línea de la consolidación institucional de los ayuntamientos dominicanos y de la propia Liga. Con semejante cantidad de fondos los gobiernos locales de las provincias fronterizas podrían hacer una gran contribución a la disminución de la pobreza. Los municipios más pobres y ubicados en territorios con vocación turísticos serían fortalecidos en políticas de generación de empleos útiles. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), lo sabe y podría montar en torno a estos fondos planes que conduzcan con el cumplimiento de objetivos, metas y resultados de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo.

La Liga Municipal Dominicana, debe, está compelida, está obligada, está en el deber público, tiene la responsabilidad social de cumplir con su papel o rol de ley, que es: ofrecer la más amplia asistencia técnica en favor de los municipios del país a fin de que propendan a una más alta calidad de la vida entre sus pobladores, al mejor ordenamiento social y al bien común. En contrario seguirá perdiendo legitimidad y justificación de su existencia ante los contribuyentes que pagan su presupuesto.



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