Dos acontecimientos nos motivan a reflexionar sobre nuestro lugar en la comunidad internacional: La fuga de los pilotos franceses que habían sido condenados a 20 años de cárcel por los tribunales dominicanos, por tráfico de 700 kilos de cocaína, y la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, de despojar de su visa para entrar en ese país a un senador de la República Dominicana.

El gobierno de Francia se ha comportado como un pirata internacional contra la justicia dominicana. La impresión que nos queda es que estamos en el siglo XVIII, y que el gobierno francés se comporta frente al Estado Dominicano como si fuese aquella potencia que se peleaba con españa por el control de la isla. Ahora se comporta con prepotencia porque no confía en la calidad de la justicia dominicana para juzgar y sancionar un delito cometido en nuestro territorio por cuatro ciudadanos franceses en el año 2013.

Tanta es la despreocupación del gobierno francés que hasta el momento no ha comentado, y menos condenado, las revelaciones de un eurodiputado, Aymeric Chauprade, en el sentido de que fue el responsable de la operación de “rescate” de los dos pilotos, con equipos franceses, embarcaciones y otros equipos que ponen en evidencia las facilidades que recibieron para poder retornar a Francia. Incluyendo la emisión de copias de los pasaportes.

El sistema de justicia dominicana juzgó a los franceses y los encontró culpables. Ellos alegan ser inocentes y dicen preferir el sistema de justicia de su país. El delito fue cometido en nuestro territorio y es aquí donde debieron ser juzgados. Vale lo mismo para cualquier dominicano que cometiera un delito en Francia, que deberá ser juzgado por los franceses de acuerdo con sus normas y códigos.

Hay que pensar este caso a la inversa, para tratar de equiparar la equidad con que se miran las cosas de los países. Si dos pilotos dominicanos hubiesen sido acusados de transportar 700 kilos de cocaína en territorio francés, y hubiesen sido condenados a 20 años, y luego se fugan con el apoyo de algún legislador dominicano, la justicia francesa ya hubiese actuado ante los organismos internacionales pidiendo la devolución de los presos y las sanciones a quienes les ayudaron a fugarse.

Eso quiere decir que estamos muy mal ante el mundo, y que nuestra justicia está siendo pateada, denigrada, denunciada por los justiciables en el sentido de que es inexistente. Es una vergüenza que debía motivar alguna reflexión de las más altas instancias nacionales y en particular de las judiciales.

Un síndico de un municipio que ordenó asesinar a un regidor fue puesto en libertad recientemente, porque un juez decidió que debe esperar el juicio de fondo en libertad. Un regidor que está acusado de formar parte de una red de sicarios, luego de varios meses en prisión, esta semana un juez decide que debe salir a la calle, sin importar las consecuencias.

Una jueza, en Higuey, decidió que los pilotos franceses condenados a 20 años de prisión podían quedar en libertad mientras se conocía la apelación de la sentencia. Y estos aprovecharon para irse a su país, con apoyo de autoridades de Francia, y quien sabe si hubo apoyo de autoridades dominicanas.

Una sentencia de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia decidió ratificar el archivo del expediente por corrupción contra el senador Félix Bautista. El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, decide que la Suprema Corte de Justicia no es confiable, porque defiende la impunidad, y por tanto no recurrirá en casación ante el pleno de la SCJ el archivo sobre el caso Félix Bautista. Eso implica un cierre definitivo del caso.

Estados Unidos, que es algo más que un observador en la República Dominicana, apenas unas horas después de la decisión sobre este acontecimiento judicial ampliamente criticado, decide hacer justicia por su cuenta, simbólicamente. Envía una señal a la justicia dominicana, y deja saber -imaginemos las vías que se utilizan para esto- que el Departamento de Estado ha tomado una decisión de sancionar moralmente a Félix Bautista. Le retira la visa de entrada a ese país.

A quien no lo quiera entender, que no lo entienda. Pero las señales son muy ostensibles y demandan una revisión y un cambio de rumbo de parte de nuestras autoridades.