Cuando tuvo lugar el suicidio del arquitecto David Rodríguez, dijimos que iba a ser un muerto muy pesado. Así ha ocurrido. Fue preciso que entregara su vida, en un angustioso gesto de impotencia y frustración, dejando testimonio póstumo de su acusación

Apelando al lenguaje beisbolero el escandaloso caso de corrupción  en el seno de la Oficina de Ingenieros Supervisores de las Obras del Estado, es como una bola bateada con fuerza que pica  y se extiende.

Conforme se han ido profundizando las investigaciones, van surgiendo nuevos detalles de la maquinaria de enriquecimiento ilícito montada al interior de ese organismo, donde al parecer se entorpecía la entrega de los pagos de cubicaciones a un gran número de ingenieros que habían obtenido por licitación el derecho a remodelar y construir aulas escolares en distintos lugares del país.

De esa forma, al no recibir los pagos a tiempo, se creaban dificultades financieras a los mismos que, faltos de liquidez, tenían que caer en las garras de los promotores de esta infame estructura de préstamos con usura, a cambio de la cesión de sus créditos.

Cuando el gobierno anunció que las aulas escolares serían licitadas por municipios, se saludó la medida como una forma de evitar la concentración de los cuantiosos recursos destinados a ese fin en un grupo reducido de grandes empresas constructoras, permitiendo así que se beneficiaran ingenieros y suplidores locales y por extensión, la economía de las comunidades donde se realizarían las obras.

Fue precisamente con vistas a estos contratistas modestos, de limitados recursos, donde seguramente surgió la idea de montar esta estructura de extorsión que llevó al infortunado arquitecto David Rodríguez a tomar la trágica decisión de poner fin a su vida.  Obvio  que la misma no podía involucrar a grandes empresas constructoras que disponen de amplio crédito bancario y suficiente solvencia financiera.

Lejos estaba en esos momentos este último, como ajenos los demás que han resultado afectados y quienes saludamos y entendimos que era y sigue siendo una decisión correcta del Estado, que un programa que lucía tan promisorio pudiera convertirse en instrumento de enriquecimiento ilícito de unos cuantos funcionarios deshonestos.

En la medida en que han progresado los interrogatorios a los primeros imputados y se han ampliado las investigaciones, se han sumado al expediente acusatorio una gran cantidad de denuncias de otros ingenieros afectados por las mismas prácticas dolosas. También han comenzado a surgir nombres de mayor relevancia.  Los mismos tendrán que probar su inocencia, según el principio de la inversión del fardo de la prueba que corresponde aplicar a los funcionarios públicos.

Cuando tuvo lugar el suicidio del arquitecto David Rodríguez, dijimos que iba a ser un muerto muy pesado.  Así ha ocurrido.  Fue preciso que entregara su vida, en un angustioso gesto de impotencia y frustración, dejando testimonio póstumo de su acusación,  para que quedase al descubierto la infame maquinaria de corrupción que le costó la vida.

El reto es ahora para el Ministerio Público, en particular la Procuradora Laura Guerrero, encargada de perseguir la corrupción administrativa, de llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias “caiga quien caiga”, tal como prometió el Presidente Danilo Medina al comienzo de su gestión.

Para el gobierno se abre también la oportunidad de enviar una clara señal de que está en  firme disposición de combatir la corrupción administrativa, prestándole todo su apoyo a la investigación y no permitiendo que bajo ninguna circunstancia esta resulte entorpecida.

Si lo hace así, en la antesala de la campaña electoral, de seguro que  sumará puntos a su favor en un tema tan sensible, de tanta preocupación ciudadana y de apelación tan reiterada por parte de la oposición.