Al parecer nuestros funcionarios insisten en ignorar o en hacerse los desentendidos respecto a su responsabilidad de rendir cuentas e informar de todos y cada uno de sus quehaceres en la administración estatal. Lo que administran es dinero público, no un patrimonio personal ni familiar.

En nuestro país hay muchas personas en la administración pública que no acaban de entender que la ley los obliga a informar de sus labores y responsabilidades de funcionario al servicio de la ciudadanía a través del Estado.

La Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública no es un capricho ni un lujo, sino, como todas las leyes, una obligación.

Dos casos motivan nuestra reflexión de hoy.

El ministerio de Defensa ha violado la Ley 200-04 al negar o retener información solicitada por Acento.com.do (Ver: DeDfensa viola Ley Libre Acceso a la Información al negar datos requeridos por Acento).

Por otro lado, el ministerio de Industria y Comercio no acaba de explicar, publicar y poner a disposición de la ciudadanía todos los datos sobre el cálculo en base al cual cada semana se fijan los precios de los combustibles.

La ciudadanía tiene derecho a exigir transparencia al Estado. Y el funcionario que incumple con esta obligación debe saber que es pasible de ser sometido a la justicia

Esta última información debía de estar disponible en la parte de transparencia del portal del ministerio de Industria y Comercio, para que todo ciudadano o ciudadana que así lo considere confirme si el procedimiento utilizado para imponer los precios es cónsono con la ley sobre la materia.

Al parecer nuestros funcionarios insisten en ignorar o en hacerse los desentendidos respecto a su responsabilidad de rendir cuentas e informar de todos y cada uno de sus quehaceres en la administración estatal. Lo que administran es dinero público, no un patrimonio personal ni familiar.

La ciudadanía tiene derecho a exigir transparencia al Estado. Y el funcionario que incumple con esta obligación debe saber que es pasible de ser sometido a la justicia.