Parece mentira que justamente cuando el Gobierno Dominicano ha logrado imponer su autoridad para dejar bastante avanzada la solución del problema de los inmigrantes irregulares, devolver la nacionalidad dominicana a decenas de miles de aquellos que habían sido despojados de la misma y restablecer la unidad de la familia dominicana tan profundamente quebrada tras la lamentable sentencia del Tribunal Constitucional, entonces sea ahora cuando se presenta un torbellino de críticas y presiones internacionales por “lo que pudo haber sido y no fue”.

Tanto que insistimos algunos en la necesidad de que no se mezclara el problema de la inmigración ilegal con el problema de la nacionalidad, y tanto se siguió batiendo la mezcla que ahora se ha generado una confusión que afecta hasta algunas organizaciones internacionales y medios de prensa. Por ejemplo, el reporte del Boston Globe dice que “el gobierno dominicano debe reconsiderar su enfoque draconiano”. Pero si es al revés: todo lo que el Gobierno ha hecho en estos dos años es buscar y aplicar mecanismos legales para enderezar el entuerto creado con la sentencia del TC.

También es cierto que no hay motivos para pensar que fuera del país la gente entienda mucho de diferencias al interior de un Gobierno, y a ello contribuyó bastante el hecho de que, una vez conocida la sentencia, algunos funcionarios activos se lanzaron alegremente a decir que era “irrevocable”, “inapelable”, “de ejecución obligatoria”, aún cuando siempre se vio que era inaplicable y que nadie puede ser obligado a hacer lo imposible. Fue el mismo Presidente el primero que dijo que a eso había que buscarle una salida humanitaria.

Muchos de los reclamos hablan de evitar que el Estado dominicano deporte ciudadanos dominicanos, y eso está claro que no va a ocurrir. Para eso se dictó la ley 169-14 y para eso la Junta Central Electoral publicó los nombres de más de 55 mil personas que esa ley les reconoce su nacionalidad, tal como mandaba la Constitución de nuestro país (no de ningún otro) hasta el 2010 y que algunos se empecinaron en desconocer.

Más aún, el Gobierno Dominicano ha dicho y reiterado que ningún dominicano va a ser expulsado del país y así tiene que ser. No los va a expatriar por varias razones: primero, porque sería un acto inhumano, y creo que nadie en su sano juicio puede catalogar a este gobierno de inhumano. Segundo, porque se trataría de un problema de derechos humanos que expondría al país ante la comunicad  internacional; y tercero, porque abriría un profundo cisma en la propia sociedad dominicana ya que, así como casi todos concordamos en que hay que poner orden en el tema de la inmigración ilegal, asimismo hay muchos que estamos dispuestos a defender hasta el final la permanencia de los que nacieron aquí.

Ahora bien, cuando hablamos de la necesidad de regularizar la situación de centenares de miles de personas que penetraron al país y se establecieron violando las leyes dominicanas y de controlar que sigan entrando, esas son otras quinientas. Eso es un punto en que los dominicanos estamos de acuerdo, es una potestad de todo Estado y con el que ningún gobierno u organismo internacional puede meterse. Por eso preocupa que algunos informes de organizaciones, artículos de prensa y discursos de diplomáticos, estén confundiendo una cosa con la otra, por error o por mala fe, como parece ser la exposición ante la OEA del gobierno haitiano y que pudiera ser secundada por algunos por conveniencia. 

Reconocemos el derecho que asiste a la comunidad internacional para velar por la vigencia de los derechos humanos, por lo cual es comprensible su inquietud respecto a la sentencia del TC y las decisiones de la JCE que pretendían despojar de la nacionalidad a quienes por derecho les correspondía. Pero esa misma comunidad internacional ha de estar consciente de que ningún país esta dispuesto a aceptar que su territorio se llene de todo el que quiera entrar como Pedro por su casa.

Admito, como dicen algunos amigos, que ningún ser humano es ilegal, pero sí pueden ser ilegales sus acciones. Los países tienen reglas que definen los criterios para ingresar a su territorio, para  permanecer y trabajar en el mismo, el que las viola está incurriendo en una ilegalidad, y a nadie se le puede condenar por hacerlas cumplir. Los Estados Unidos, los países de Europa, los del Caribe y los de todas partes, intentan controlar que nadie entre ilegalmente, y al que elude los controles lo sacan cuando lo agarran. República Dominicana tiene derecho a hacer exactamente lo mismo, y eso quedó expuesto de manera contundente en el discurso del Embajador dominicano ante la OEA.

Estamos conscientes de que cualquier deportación tiene que hacerse de forma civilizada, respetando los derechos de los afectados, evitar a toda costa que se cometan atropellos y arbitrariedades y, sobre todo, que en el paquete se puedan colar algunos dominicanos (antes eso ha ocurrido).

Que reconozcamos que Haití es un país muy pobre, y que sus infelices habitantes tienen muy pocas esperanzas de mejoría, eso es cierto, nos conmueve y quisiéramos que pudieran superar su situación. Pero eso mismo les toca reconocerlo a los demás y no pretender que seamos nosotros quienes carguemos con sus miserias.

También admitimos que sería contraproducente mandar a ese país de golpe demasiados pobres, desempleados, sin viviendas ni medios para usarlas, que lo único que harían es retomar de inmediato el camino de regreso; pero tampoco es admisible que el Gobierno haitiano pretenda culparnos de devolver a su territorio los que entraron ilegalmente bajo el argumento de crisis humanitaria, porque eso es una irresponsabilidad.