Si alguien quiso hacerse el simpático en el gobierno, y creyó que haciendo pasar un mal rato al representante de las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le daría un beneficio a la República Dominicana, tenemos que decirle que se equivocó.

Human Rights Watch, a través de Vivanco, presentó en la República Dominicana un reporte sobre violaciones a los derechos humanos y en particular la negación de ciudadanía a descendientes de haitianos. Esa es la práctica de instituciones que defienden los derechos humanos.

Proceder como lo hicieron este viernes, reteniendo el pasaporte de Vivanco en el Aeropuerto Internacional de las Américas, y evitando que tomara los vuelos de American Airlines de las 6 de la mañana y de las 8 de la mañana hacia Florida, se perjudicó seriamente la imagen de la República Dominicana y el trabajo de cabildeo y explicación que realiza el gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y a través de especialistas contratados.

Quienes cometieron esta equivocación no se daban cuenta que Vivanco es un profesional de la defensa de los Derechos Humanos, y que perseguirlo o intimidarlo lo único que provoca es una reacción más intensa de él y de su organización en los temas que tienen cuestionamientos a la República Dominicana.

En Acento hemos saludado la iniciativa del gobierno, de explicar su política migratoria y de contratar especialistas y cabilderos internacionales, para bajar un poco la tensión que se ha generado a nivel mundial sobre las deportaciones del gobierno dominicano al finalizar el proceso de regularización de extranjeros establecido en el decreto 327-13. Ese es un derecho que tiene el gobierno dominicano, que tiene el Estado y que corresponde exclusivamente a la sociedad dominicana.

Del mismo modo que todos los países establecen políticas migratorias y toman medidas para deportar a los migrantes en condiciones irregulares. Es lo que hace Estados Unidos, Canadá, Italia, España, Inglaterra, Francia, México, Chile, Argentina y hasta Haití.

Y quienes han tenido la oportunidad de leer el informe de Human Rights Watch sobre la República Dominicana, se darán cuenta que esa entidad reconoce el proceso de regularización, y lo apoya, y reconoce el derecho soberano de la República Dominicana para expulsar a los extranjeros.

Lo que dice el informe, y lo que dijo José Miguel Vivanco, es que entre las personas que serían deportadas existe un número significativo que tienen la nacionalidad dominicana, o le corresponde, y sería una barbaridad y una gran violación a un derecho humano elemental que fueran deportadas hacia Haití, país con el que no tienen vínculos, ni dominan su idioma, a menos que se trate de que es la tierra de sus antepasados, como fue la tierra de los antepasados de José Francisco Peña Gómez, de Joaquín Balaguer, de Ulises Heureaux, de Rafael L. Trujillo o de Gregorio Luperón. Y paremos de contar.

Lo que han hecho daño a la imagen de la República Dominicana son quienes se comportaron de forma irresponsable e ilegal con la retención de José Miguel Vivanco en el AILA, donde la retuvieron el pasaporte por varias horas, y vincularon su nombre con alguien que supuestamente habría cometido un hecho criminal.

Lo que el gobierno tenía que decir sobre Human Rights Watch lo dijeron Roberto Rodríguez Marchena y la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Esa fue la respuesta política que gobierno entendía debía dar y la ofreció.

Ahora José Miguel Vivanco y Human Rights Watch tienen municiones adicionales para seguir divulgando informaciones sobre los deslices e intolerancias de la político a oficial dominicana. La crítica está vedada, y si vienes y la formula -como fue su caso- se le impide salir del país.

La historia no termina ahí, pues parece que en la rueda de prensa que ofreció Human Rights Watch en Santo Domingo, llegaron empleados oficiales con el interés de contrariar su presentación y boicotearla. Otro error, y un aderezo a las municiones que tiene la entidad para seguir cuestionando a la República Dominicana y su política migratoria.

Ha prevalecido el criterio, en especial en la esfera oficial, de que la mejor manera de defender nuestro punto de vista es atacando a quienes nos critican, y de llamar traidores a los que divulgan las críticas, y de considerar que existe una campaña internacional maliciosa contra la República Dominicana.

Mientras tanto, con un criterio diferente, nuestro canciller Andrés Navarro anda por el mundo dando explicaciones y razonando correctamente, tratando de ganar espacio en un escenario adverso, que se ve reforzado por las decisiones y acciones como la que le acaban de hacer a José Miguel Vivanco.

Ahora le falta coherencia a la política del gobierno. Y la coherencia es determinante para que nuestras versiones tengan credibilidad. No podemos decir una cosa y hacer otra. Ya el gobierno haitiano dijo que había un doble lenguaje en la política migratoria dominicana. Pareciera algo sencillo, pero no lo es.

Aunque el gobierno se sienta incómodo y esté irritado con el informe de Human Rights Watch y con José Miguel Vivanco, corresponde ahora que el gobierno ofrezca una explicación y diga lo que ocurrió, con elegancia y verdad, porque de ese error vendrán nuevos ataques.

Que nadie piense que sacando expedientes de descrédito contra Vivanco, casi todos mentirosos en el sentido de que es agente de la CIA o de que fue colaborador de Pinochet, le quitará méritos a las denuncias que seguirá haciendo esta organización. En realidad esas acusaciones y ataques refuerzan el impacto internacional de lo que se está denunciando contra la República Dominicana.