El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), establecido mediante el decreto 327-13, ha llegado a su fin.

Oficialmente en la República Dominicana hay aproximadamente unos 450 mil migrantes, con más de un 90 por ciento de nacionalidad haitiana.

El proceso de 18 meses otorgado para la regularización fue tortuoso, porque aunque el decreto estableció la gratuidad de los servicios, en la práctica fue costoso en muchos sentidos, y porque los requisitos establecidos fueron por encima de lo que era posible obtener por la gran mayoría de los haitianos.

Hubo fallos notables de parte de las autoridades dominicanas, y en particular del Ministerio de Interior y Policía, que puso un tope de personas a recibir por centro de no más de 20 por día, y porque a miles de personas que pudieron presentar documentos les fue imposible llegar hasta los funcionarios receptores, debido a las largas filas y debido a los nudos corruptores que se establecieron, sin conocimiento de las autoridades, que para recibir los documentos cobraban -por debajo de la mesa- sumas entre 5 y 7 mil pesos.

De parte de las autoridades de Haití no se cumplió con el programa de documentación de sus nacionales, hubo burocracia excesiva, se desprotegió a personas que bien pudieron entregar a tiempo sus documentos, y en definitiva se creó un malestar que no sabemos las consecuencias que esto pudiera tener.

La atención de la comunidad internacional está centrada ahora en las deportaciones que hará el gobierno dominicano. Estimados de organismos internacionales, de acuerdo a los datos ofrecidos por el Ministerio de Interior y Policía de que fueron inscritos 275 mil haitianos en el PNRE, indican que podrían estar sujetas a deportación unas 250 mil o 300 mil personas.

El sector privado, empleador de haitianos en la industria de la Construcción, en el sector agroindustrial, en el turismo y otros servicios, fue poco colaborador y poco visionario respecto al PNRE. Pensaban que otorgar un documento de trabajo a un haitiano podría servir para una demanda judicial en algún momento. Este fue uno de los motivos para que no se pudiera completar una parte del proceso relacionado con los requisitos.

El tema de la regulación y la potencial deportación de miles de haitianos está ahora en las portadas de los grandes medios de comunicación del mundo. Y la República Dominicana vuelve a ser objeto de cuestionamientos o de la ojeriza de la comunidad internacional.

El presidente Danilo Medina ha sugerido y reiterado su compromiso de que no habrá deportaciones masivas ni abusos de los derechos humanos. Amnistía Internacional ya ha dicho que la violación de los derechos humanos es inminente porque habrá deportaciones masivas. La Comunidad Europea ha pedido respetar derechos adquiridos. Las autoridades de Haití han acusado al gobierno dominicano de tener un doble lenguaje: Prometen una cosa y hacen otra. El ACNUR acaba de publicar este jueves un informe mundial donde coloca a la República Dominicana entre los grandes creadores de apátridas, con 210 mil, en una quinta posición en el mundo.

Otros organismos dicen que existe la posibilidad de que entre los potenciales deportados haya nacionales dominicanos de ascendencia haitiana, que no han visitado nunca Haití y que no tienen ningún vínculo con ese país. Y que estas personas son dominicanas, que debían estar protegidos o que debían ser parte de los que están protegidos por la Ley 169-14 de naturalización.

La realidad es que existe un tremendo drama humano, social, económico, político que están viviendo cientos de miles de personas, ahora sujetas a la deportación. Algunos harán la opción de irse voluntariamente, sin esperar la deportación. Muchos otros buscarán formas de permanecer en la tierra que los ha acogido por años, y donde incluso han procreado descendencia. Un caso dramático es el de los trabajadores de la caña, que fueron traídos contratados por el Restado y por el sector privado, que se quedaron en el país y que siguen viviendo en bateyes, pero que no tienen documentos. ¿Se les deportará o se les concederá la residencia permanente o temporal?

La Dirección General de Migración tendrá que cuidar mucho el proceso, evitar atropellos, y no deportar a ciudadanos dominicanos, que por ejemplo hayan sido despojados de sus documentos de identidad, y se les atribuya ser haitianos porque su apellido es de esa procedencia, porque sus padres lo fueron, pero ellos nacieron en República Dominicana, amparados por una Constitución que tenía, hasta el 2010, el jus solis como fundamento. Son dominicanos los que nacen en territorio dominicano.

Las historias personales, las historias de vida, las descendencias, los bienes adquiridos, los trabajos que se dejan, las amistades y la cotidianidad en los barrios donde se vive son parte de los problemas que estaremos conociendo en los próximos días, por una comunidad de casi 300 mil personas, que no pudieron inscribirse en el PNRE.

El gobierno tiene que actuar con cautela en sus decisiones sobre las deportaciones. Y que cada persona que se vaya a enviar a su país se tenga la constancia de que se lleva sus bienes, de que no ha sido despojada o abusada, y muy especialmente que no se deporte a ciudadanos dominicanos.