Las declaraciones ofrecidas este lunes por el  capo Quirino Castillo Paulino sobre sus presuntos vínculos con el presidente del PLD, Leonel Fernández, son estremecedoras. Ante tales revelaciones, el exmandatario está en la obligación de romper el silencio mantenido sobre el caso, a menos que su desprecio por la nación supere la gravedad de esos hechos. Ya no puede agarrarse del pretexto de que el dinero  no llegó a sus manos, pues el narcotraficante ha dicho que cada envío  se lo notificaba previamente llamándolo a su celular.

Esto es espantoso. Sea cierto o falso,  desgarra pensar que  el gobernante de la nación por doce años, durante tres mandatos constitucionales, pudiera haber llegado al extremo de cultivar esa clase de trato íntimo de negocio con un traficante de drogas, con la complicidad de gente de su entorno con altos rangos en el gobierno. ¿Cuántos dominicanos, cuántos dirigentes de su propio partido tenían o tienen todavía la potestad de llamarle a su teléfono, aún se tratara de una situación extrema? Todo esto debe ser una pesadilla. Y este hombre que anhela volver al poder no puede permanecer callado ante algo que compromete su honor y constituiría un acto de alta traición a la República que le confió por tanto tiempo su suerte y destino.

Y tampoco el Ministerio Público y el sistema de justicia pueden ignorar la gravedad de esas revelaciones, disponiendo de inmediato una investigación de tal magnitud y seriedad que despeje toda duda o sospecha de complicidad o encubrimiento que alentaría la idea de que vivimos en un paraíso de impunidad, en un Estado ficción, donde el  uso del poder da licencia para ese tipo de actividad delictiva.  Esta terrible experiencia  está incluso poniendo a prueba  la independencia de la prensa y podría llevarse consigo otros  valores. Por eso sostengo que  por el  propio expresidente y sobre todo por el buen nombre de la República esto debe ser aclarado.