El auto de No Ha Lugar emitido por el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra a favor del senador Félix Bautista y sus asociados, el pasado viernes 27 de marzo del 2015 es inadmisible.

Las pruebas contra el senador y secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Félix Ramón Bautista Rosario, y sus amigos y socios Carlos Manuel Ozoria, Soraida Antonia Abreu Martínez, Grisel Aracelis Soler Pimentel, Bolívar Antonio Bretón Medina y José Elías Hernández García, fueron presentadas y defendidas por el Procurador General del País, Francisco Domínguez Brito. Los abogados de los acusados no pudieron presentar pruebas contrarias a los hechos presentados.

Después del fallo de No Ha Lugar, emitido por el juez Moscoso Segarra, el Procurador General expresó: “Este es el escudo ideal para que se pueda ejercer todo tipo de delincuencia administrativa”. Domínguez Brito sostuvo una rueda de prensa en la que declaró: “Se ha quebrantado aún más el estado de derecho en la República Dominicana, creando un ambiente propicio para que desde el más pequeño de los servidores públicos hasta el funcionario de mayor jerarquía se robe el dinero del pueblo dominicano”.

Sus declaraciones muestran diferencias al interior del Partido Único, que actualmente controla los poderes judicial, legislativo y ejecutivo de la República. Legado indiscutible de los 31 años de dictadura Trujillista, y de su continuación en los gobiernos neo-Trujillistas que han gobernado después de la derrota de la Revolución de abril de 1965.

En noviembre del 2013, el estudio sobre República Dominicana del Centro de Estrategia y Estudios Internacionales (CSIS) encontró que el control del poder legislativo y del judicial por parte del partido en el poder, unido a una “oposición fragmentada y débil” ha contribuido, a asentar “una cultura de la corrupción en el Gobierno” la cual socava las perspectivas de crecimiento económico de la nación. Además, el Foro Económico Mundial en su Reporte Global de Competitividad 2010-2011, confirma los resultados del CSIS. Encontró que la corrupción del gobierno dominicano desvía más recursos públicos hacia empresas, grupos e individuos, que 135 países de los 137 incluidos en el estudio. Estos resultados los conoce muy bien el Partido Único, segundo en corrupción en el ámbito mundial.

Las denuncias de partidos minoritarios y las expresadas en periódicos digitales y redes sociales no son suficientes contra el Partido Único. Tampoco fueron suficientes las movilizaciones de la juventud durante los primeros meses del gobierno de Medina para evitar la impunidad y el traspaso en impuestos a la población para pagar el derroche de dinero estatal gastado por el PLD en su elección. Ni han sido suficiente las denuncias editoriales y de columnistas en Acento y 7Días, o las denuncias e investigaciones de Nuria Piera, Alicia Ortega, Juan Bolívar Díaz y Marino Zapete. Se juega a la democracia, pero el Partido la socava.

El hecho que el PLD haya secuestrado el poder judicial se demostró en el 2006, cuando el entonces presidente de la SCJ Jorge Subero Isa declarara que el Concordato era constitucional, rompiendo las leyes universales de la lógica, y en el 2015, con la resolución 544-2015 de la Suprema Corte de Justicia apoyando el No Ha Lugar del juez Moscoso Segarra. Para los que no la han leído, reproduzco los tres tweets utilizados por la SCJ para darla a conocer. Resolución tomada sin juicio de fondo, y de forma apresurada e inmediata, a pesar de que se trata de una resolución que entierra a la Justicia Dominicana:

Primer tweet: “Por mandato Constitucional, la @SupremaCorteRD pronuncia un auto de no ha lugar a favor de Félix Bautista y demás procesados #Res544_2015”

Segundo tweet: “Las pruebas que el Ministerio Público obtuvo lícitamente resultan insuficientes para enviar a juicio a los imputados #Res544_2015”

Tercer tweet: “El acusador no puede encausar por enriquecimiento ilícito y lavado de activos si no muestra prueba de hecho delictivo o ilícito #Res544_2015”

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reinoso, no ha dejado ninguna duda sobre el significado de los tweets de la Suprema Corte que desde hoy llamaré la Corte de la Injusticia. Se expresó en su cuenta en twetter: “Peor que la decisión que favoreció a Félix Bautista es la nota que subió la Suprema Corte de Justicia a su cuenta”. “¿Quién conocerá la apelación del caso Félix Bautista si la Suprema Corte de Justicia justificó?, Es evidente que se inhabilitó jurídicamente”. Y la magistrada hace un llamado a la acción: “Esta estructura protectora de la corrupción, para ser derrotada necesita más, mucho más, que una semana de indignación en las redes sociales”.

En otras palabras, no existe una salida dentro del sistema para evitar que los legisladores, jueces, y funcionarios del gobierno, desde las posiciones más altas a las más pequeñas, se roben el dinero del pueblo y continúen creando una cultura inmoral de corrupción, clientelismo, pobreza, desigualdad, y tráfico de narcóticos y personas.

Para revertir la situación dominicana de partido único, el estudio del CSIS sugirió un debate nacional sobre la independencia de su Poder Judicial, una revisión de su Ley de Partidos y un análisis de cómo deba evolucionar el PRD “dada su actual incapacidad para presentar una oposición viable al partido en el poder”. En el 2015, la impunidad ofrecida por el poder Judicial al mayor caso de corrupción en la historia Dominicana, señala que no ponemos continuar con diálogos que son una farsa, un simulacro de democracia.

Es necesario sacar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y reconocer que el país ha caído en la tiranía de un Partido que debe ser enfrentado. Todas las vías para lograrlo están sobre la mesa. De lo contrario, ¿cuán bajo vamos a caer si el país continúa en manos de un Partido Único tiránico y corruptor, carente de moral y con poder para deteriorar las condiciones de vida de 10 millones de personas?

Termino con una nota de agradecimiento al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito y a la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reinoso, por su pública defensa de la Justicia desde las instancias del Estado.