Las ambiciones políticas como muchos otros aspectos humanos pueden ser insaciables, por eso deben existir controles y contrapesos, pero sobre todo debe primar el temor a las consecuencias que se derivan de la ley, único freno para limitar el libre albedrío.

El partido oficial que ha gobernado el país en los últimos 11 años se atribuye haber generado prosperidad y desarrollo, fundamentado en las halagüeñas cifras de crecimiento económico, las grandes obras realizadas así como la creación de múltiples instituciones y leyes, coronadas por la aprobación de la Constitución del 2010 que proclama como una de las más modernas del mundo.

Sin embargo es innegable que ha habido un retroceso evidente en materia de institucionalidad democrática, no solo porque hay un dominio absoluto de los líderes del partido oficial en los tres poderes del Estado, que ha reducido a su mínima expresión su debida separación e independencia, sino también porque ante la ausencia de consecuencias, estos líderes han perdido la prudencia abusando de su concentración de poder, colocándose al margen de la ley y la misma Constitución para conseguir los fines deseados.

Por eso no cesan los intentos de imponer cada vez más contribuciones, obligaciones y regulaciones que asfixian a los ciudadanos, sin importar lo poco que reciben a cambio

Ejemplo de esto lo constituye  la aprobación en primera lectura del  cuestionado proyecto de ley de partidos políticos impuesta recientemente de forma avasallante y en violación de todos los procedimientos por el Presidente de la Cámara de Diputados.

Hace tiempo que era un hecho conocido la resistencia del partido oficial a la aprobación de dicha legislación, por lo que una imposición de una ley a la medida de sus intereses evidenciaría que su liderazgo no está dispuesto a ceder un ápice con tal de seguir disfrutando  del estado de confort que tienen en el que pueden recibir contribuciones del Estado y de cualquier persona sin importar su origen, sin ninguna transparencia ni rendición de cuentas y utilizar recursos públicos desangrando instituciones, provocando déficits fiscales  así como manipulando los procedimientos internos de los demás partidos mayoritarios.

El endiosamiento de muchos de nuestros funcionarios que gracias a sus sucesivos triunfos han logrado  permanecer en el poder, en parte por la habilidad de haber contribuido a la debilidad de la oposición y la sociedad civil, los ha hecho sentirse por encima de la ley y perder la capacidad de consensuar en momentos de crisis a través de la intervención de respetados mediadores otrora muy reclamados; convencidos como están de que  tienen “derecho a todo” y que el peso de la ley es únicamente para los demás.

Por eso no cesan los intentos de imponer cada vez más contribuciones, obligaciones y regulaciones que asfixian a los ciudadanos, sin importar lo poco que reciben a cambio ni las consecuencias negativas sobre la producción y la generación de empleos; mientras los detentadores del poder cada vez se benefician más a cambio de menos, gracias al estado de confort que han creado para sí mismos el cual les permite repartir migajas para generar adhesiones.

A pesar del estrepitoso fracaso de otros  sistemas de partidos en la región, lamentablemente no se aprende en cabeza ajena y nuestras autoridades no han querido comprender que en vez de resistirse a  una adecuada ley de partidos, deberían visualizarla como su única oportunidad de subsistir.