Por decimo año consecutivo la Republica Dominicana registra números positivos en el desempeño económico a nivel nacional, alcanzando en el 2014 el mayor crecimiento de America Latina con un 7.1%, superando en seis (6) puntos porcentuales el promedio de 1.1% estimado por organismos internacionales para toda la región. 

A pesar de la tendencia histórica por la cual ha transitado la nación dominicana, este crecimiento no ha sido suficiente para potencializar un proceso de desarrollo que contribuya en mejorar la calidad de vida de toda la población; el crecimiento económico registrado en el país el año pasado no ha repercutido en reducir los niveles de pobreza monetaria acorde al desempeño obtenido, ni tampoco ha incidido en mejorar proporcionalmente el Índice de Desarrollo Humano (IDH), es decir que los indicadores que miden el bienestar a nivel nacional evidencian que las condiciones de vida no han mejorado en la misma medida que ha incrementado el ritmo del crecimiento económico.

A pesar del crecimiento registrado y de las potencialidades existentes en los distintos territorios, los indicadores desagregados a nivel regional, provincial y municipal presentan un panorama devastador; los niveles de desigualdad económica, social y territorial en el país, permiten observar con claridad la concentración de una gran cantidad de recursos en un pequeño porcentaje de la población, mientras que las mayorías se encuentran inmersas en la pobreza, carentes de oportunidades, con bajos niveles de habitabilidad y carentes de servicios públicos de calidad.

El análisis permite concluir que la Republica Dominicana es un país con la capacidad de producir riqueza, ocupado por una población sumida en precariedades; hecho que condena a todos sus habitantes ya que un segmento de la población invierte todas sus energías en subsistir, mientras que la otra fracción de la población es afectada ante la inconformidad de ciertos sectores y debido a la disminución en la capacidad de adquisición de las grandes mayorías.

Una de las razones que sustenta esta tendencia histórica de crecimiento continuo, alejado de una mejora sustancial en la calidad de vida de la población en general, es la ausencia de la dimensión territorial en el diseño de las políticas públicas, generando desequilibrios territoriales que se manifiestan en disparidades socioeconómicas y ambientales por todo el país, incentivando el modelo de concentración en los centros urbanos, acelerando el proceso de urbanización y generando desigualdades en el acceso a los servicios públicos y en las condiciones de vida de la población.

El país debe apostar a la construcción de un nuevo modelo de planificación del desarrollo, consolidado a través de tres elementos: en primer lugar incorporar la variable territorio como catalizador del desarrollo local, en segundo lugar identificar las oportunidades y necesidades de las comunidades, incentivando un proceso de planificación nacional-local y local-nacional y finalmente, conformar el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial con el fin de que todos los instrumentos y procesos diseñados estén articulados tanto entre sí, como con las herramientas que forman parte del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, aprobado en la Ley 498-06.