Asusta el fantasma ultraconservador que recorre al mundo, especialmente en Europa y la parte norte de América, incluyéndonos a nosotros. Esa ola reaccionaria que va impidiendo el avance social político y revirtiendo conquistas sociales se manifiesta de diferentes maneras. Dicen que las grandes crisis económicas traen grandes cambios políticos sociales y culturales, pero en este caso todo está saliendo al revés, en el sentido de hacer recaer las consecuencias sobre las grandes víctimas, en vez de los causantes.

En Europa, el auge de este conservadurismo asusta, principalmente por la fuerza que va adquiriendo aún en las sociedades nórdicas, tradicionalmente más abiertas y tolerantes, y que podrían terminar, quién sabe, hasta de forma violenta.

Pero concentrémonos en este país. Es cierto que la dominicana ha sido siempre una sociedad muy conservadora, pero se nota que ahora se está llegando a unos extremos preocupantes. Esto no es bueno, a mi juicio, pero tampoco sería de asustar mientras se mantenga en los límites del debate libre de las ideas; el problema es que puede conducir a mucho más. No este año, ni el que viene, pero tarde o temprano. Ese fue el mismo ambiente que condujo al ascenso del fascismo en Europa ocho décadas atrás.

La primera gran expresión de este movimiento a la derecha se manifestó con la discusión de la reforma constitucional de Leonel. A pesar del esfuerzo por impedirlo de un movimiento liberal cada vez más limitado y a la defensiva, finalmente terminaron imponiendo de manera avasallante sus preceptos decimonónicos en algunos aspectos, y patrocinaron que Leonel se saliera con las suyas fortaleciendo su poder personal más allá de lo concebible.

Ahora bien, la influencia de este movimiento ultraconservador ha adquirido un alcance y grado de difusión tal que casi ha monopolizado los medios de comunicación, la discusión académica e instancias claves del poder político, llegando a limitar en muchos aspectos la capacidad de acción del actual Gobierno y cada vez más a hacerle la vida imposible.

Dos han sido, fundamentalmente, los instrumentos básicos mediante los cuales se ha manifestado este sistemático golpeo. El primero fue la nefasta sentencia del tribunal constitucional, por medio de la cual se propuso quitar la nacionalidad a miles de nuestros compatriotas, justamente a los más pobres y desprotegidos. Los intentos del Gobierno por remediar el daño, aún sea parcialmente, por medio de la ley 169/14, han chocado en la práctica con una barrera que amenaza con convertirlos en letra muerta, con eventuales implicaciones que todavía no alcanzamos a ver claramente en el futuro económico, social y político de la Nación.

El segundo es más nuevo, aunque seguramente vendrán más. Se refiere al aspecto del Código Penal que se discute en el Congreso. Ante la disyuntiva de aplicar penalidades que estarían condenando a muerte o limitando en su dignidad a decenas de miles de mujeres, sobre todo de la población más pobre, el Presidente Medina adoptó una decisión que, pese a su eventual alto costo político, lo enaltece como estadista, al observar los artículos impuestos.  La reacción ultraconservadora, personalizada en grupos notables  de las religiones, ha resultado abrumadora, amenazante y hasta raya en el chantaje político.

Uno podría entender que una iglesia pida a sus feligreses adoptar determinados patrones de conducta, y que eso sea aceptado y seguido ciegamente por aquellos adeptos a esa religión, pero no que con sus dogmas se pretenda sojuzgar a todos los súbditos de una Nación, imponiéndolos por el Estado como ley universal, incluyendo para aquellos que no estamos obligados a seguirlas por no ser parte de esa religión.

Y mucho menos cuando se trata de asuntos de política social, en este caso de salud pública, y que de no ser aplicados dichos dogmas pudiera conducir a médicos a verse obligados a desobedecer su juramento hipocrático bajo la amenazada de ir a la cárcel, o a miles de mujeres a morir o a alumbrar frutos de hechos tan abominables como violación o incesto. Por tales motivos, lo que viene quedando en la sociedad dominicana no contaminado por esta corriente tan ultra, debería adoptar como grito de lucha las expresiones publicadas por el Dr. Rodríguez Marchena, vocero del Presidente:

“Ninguna ley puede obligar a una mujer a parirle un hijo al delincuente que la violó”.

“Ninguna ley puede obligar a una mujer embarazada a morir cuando gracias a la ciencia médica puede vivir”.

“Ninguna ley puede impedirle a un médico mantener viva a una mujer embarazada que podría morir”.