Desde hace meses se viene debatiendo la conveniencia de modificar la constitución para permitir la reelección consecutiva, o quizás para ser más sinceros, ésta es desde antaño una pasión tan recurrente/permanente en República Dominicana como el béisbol invernal.

Sin embargo, en lugar de siempre volver a la misma discusión y seguir remendando y poniendo parches a la Constitución para satisfacer el antojo del momento,  ¿por qué no explorar mejor otras maneras de resolver  la tensión entre la necesidad de que nuestros gobernantes electos  dispongan de suficiente tiempo para desarrollar su programa de gobierno y las ventajas de la alternabilidad del poder?

Ésta  es la provocadora reflexión que nos envía desde el húmedo Dublín nuestro compatriota Jhonatan Veloce esta semana, que aunque instintivamente no comparto, no ha sido tan fácil descartar con la fuerza de la razón. El agudo lector nos puede ayudar en este ejercicio, por eso lo reproducimos tal cual lo recibimos:

“La solución definitiva”

Como solución definitiva a la disyuntiva de si permitir o prohibir la reelección consecutiva de nuestros presidentes, propongo todo lo contrario. De hecho la constitución vigente  prohíbe la reelección consecutiva y por eso algunos tratadistas dicen que “no debemos ni hablar de la reelección a riesgo de que se nos acuse de conspirar…”.  No quiero conspirar. Y además no es necesario seguir pensando en la reelección consecutiva como único medio para que nuestros gobernantes puedan completar su obra de gobierno, si adoptamos la solución definitiva que preliminarmente propongo a continuación, y que con mucho gusto prometo  desarrollar en otra ocasión si hubiere de contar con la venia de su señoría.

La propuesta de extender el presente período a seis (o siete) años para todos los cargos electivos prácticamente garantiza su acogida cuasi unánime en la Asamblea Nacional Revisora

En el análisis de lo que han hecho otras naciones resalta la gran variedad de fórmulas establecidas en materia de la reelección, buscando ese equilibrio elusivo entre la continuidad en la gestión del estado y la alternabilidad en el poder. Hay varios países que han establecido una duración de siete años para la presidencia, en la mayoría de estos casos prohibiendo la reelección permanentemente. Sin embargo, si profundizamos en esos casos específicos como el de mi adorada  Irlanda o el distante Israel, pronto descubrimos que el papel de sus presidentes en la conducción del gobierno es muy limitado, pues son más bien jefes de estado protocolares con una que otra prerrogativa de veto. Si seguimos nuestro recorrido por el mundo nos encontramos con las naciones que tienen instituido el  período presidencial de seis años, en muchos casos sin reelección posible. Mi México lindo y querido así lo tiene desde 1934 cuando  cambió la duración del mandato presidencial de 4 a 6 años sin reelección, y  punto. Pero también en la antípoda, Filipinas elige cada seis años un presidente nuevo. Ambas naciones son mucho más grandes que Quisqueya la bella, pero con un grado de desarrollo socio-político no muy distante del nuestro.

Por otro lado tenemos varios países con el modelo de un  término presidencial de cinco años sin reelección inmediata, tales  como Uruguay, Paraguay, Perú y El Salvador, para solo enumerar los de  las Américas.

O sea que tenemos de donde escoger el modelo que queremos emular para desterrar para siempre la discusión sobre la reelección consecutiva, sin menoscabo de la capacidad del gobernante de completar su programa en un tiempo prudente que no tiene por qué limitarse a un cuatrienio.

Personalmente me inclino por los siete años, a pesar de que estaremos trillando nuevo camino en este hemisferio donde seis es el máximo de duración del período presidencial. Pues en nuestro terruño las elecciones son muy costosas y con cierta frecuencia traumáticas.  No menos importante, el siete es un número de buena suerte y estamos en la era de la innovación.  Por último, como aficionado al cine, La comezón del séptimo año  y la imagen de Marilyn en su vestido blanco alborotado por el paso de un tren del subway siempre me acompañan en mis meditaciones. Pero en aras de concertar un acuerdo rápido estoy dispuesto a transar por seis años de gobierno, siempre que  acordemos que ésta sea la duración para todos los funcionarios electivos, evitando así la necesidad de procesos electorales extemporáneos para legisladores, alcaldes y regidores. Luego acordamos si seis es mejor que siete, en este detalle soy flexible.

Resuelto ese primer punto, abordemos el cómo lograr ese objetivo de manera expedita. Entiendo que la mejor estrategia para  hacerlo es modificando de inmediato la Constitución, aprovechando la alta popularidad y fuerte liderazgo del actual mandatario para proponer una enmienda constitucional. La propuesta de extender el presente período a seis (o siete) años para todos los cargos electivos prácticamente garantiza su acogida cuasi unánime en la Asamblea Nacional Revisora (quizás Minou Tavárez Mirabal y Guadalupe Valdez objeten, pero no creo que muchos legisladores más renuncien a este premio), y así dejar establecido para siempre un único período presidencial de seis o siete años. Creo que mucho más difícil fue lograr que  los dirigentes políticos y eclesiales aceptaran  la ley 169/14, y con sus visitas domiciliares el Presidente hizo justamente eso en asunto de semanas.

Si algún facineroso adujera que esta enmienda viola la Constitución, sin duda el Tribunal Constitucional saldría responsablemente al rescate. Después de todo, el pueblo es soberano y si decide prolongar el período de gobierno actual a siete  (o seis) años en aras a establecer este término para la eternidad, no hay quien lo pare. No se puede decir que es una disposición con efecto retroactivo, pues aún no ha concluido el cuatrienio actual. No proponemos prolongar la presidencia de Hipólito Mejía ni la de Leonel Fernández (aunque muy contentos que estarían ellos de semejante propuesta), lo que sí sería legislar con efecto  retroactivo. Además, en ningún lugar de la Constitución se prohíbe extender o prolongar el período de gobierno, lo que se prohíbe es la reelección, y yo no propongo modificar la vigente prohibición de la  reelección consecutiva.

De todas maneras, la enmienda a la Constitución estableciendo la duración del período electivo de seis o siete años sería sometida por la Junta Central Electoral a votación popular directa para cumplir con el Artículo 272 de la Constitución sobre el “referendo aprobatorio”, requiriendo la aprobación de más del 50% de los votantes, que es el equivalente exacto a un proceso eleccionario.

Aparte de uno que otro posible candidato a la presidencia actualmente desempleado (pienso en Guillermo Moreno y Max Puig, entre otros,) que tendrían que posponer sus aspiraciones por un tiempecito,  y la esposa e hijas del Presidente Medina que han expresado su deseo de que el Presidente Medina concluya su mandato en agosto 2016, no veo a quien puede perjudicar esta propuesta. La mayoría de los pre-candidatos del partido de gobierno pueden contar con seguir en sus actuales ministerios, y tendrían más tiempo para prepararse.  La familia del Presidente seguro que entenderá la necesidad del sacrificio familiar en bien de la Patria. Y los demás candidatos bien podrían aprovechar el respiro para mejorar sus posibilidades de llegar al poder por vía de unas elecciones sin  tener que enfrentarse al Coloso de San Juan en las urnas, como sería el caso si se modificara la Constitución para permitir la reelección consecutiva. El que esté en contra que tire la primera piedra, pero le recomiendo que tenga buena puntería.

Esta solución es lo que los irlandeses llaman “win-win” (creo la expresión fue importada de su colonia norteamericana), y que yo traduzco al dominicano como una proposición capicúa, pues todos ganamos por todas partes.