Una de las ventajas que debería tener todo sistema democrático para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a funciones municipales y estatales a través  de los partidos políticos, es crear reglas para evitar que las aspiraciones resulten onerosas para que haya equidad e igualdad entre los candidatos.

En República Dominicana y en otros países latinoamericanos aspirar a regidor, diputado, senador o a la presidencia, requiere de un gran costo económico, una especie de carreta incómoda de llevar que a la postre provoca que cientos de ciudadanos dispuestos depongan sus aspiraciones.

Por ejemplo, no todos cuentan con más de diez millones de pesos para aspirar a una diputación, o el millón de pesos que un partido requiere para inscribir a un candidato.  Las reglas del sistema político  imponen una “serie de requisitos” que constituyen un filtro que no es precisamente para garantizar la calidad, sino para cumplir con toda una serie de rémoras enquistadas en nuestro sistema.

Entre las rémoras a las que me refiero está cumplir con una determinada cuota de clientes políticos “necesarios” o los llamados “votos cautivos”, asignándoles ciertas prebendas coyunturales o transitorias tales como determinadas sumas de dinero para “logística”, proselitismo (bandereos, caminatas  y caravanas con personas pagadas).

Otra es la táctica del transfuguismo, o líderes políticos de todos los niveles que “se cambian” de un partido a otro.  Es lo que algunos politólogos llaman académicamente “saltos dialécticos”.  El transfuguismo puede darse entre personas o partidos políticos pequeños o grandes  que son comprados con promesas de puestos estatales y recursos económicos.

La situación descrita anteriormente se les llama eufemísticamente “alianzas” que es el mecanismo que en ocasiones ha sido el más perjudicial, pues te puede cambiar un panorama político de un momento a otro, con  fórmulas presidenciales, y municipales que no precisamente fueron las más votadas por los ciudadanos.

Por último están las rémoras de los altos costos publicitarios de una campaña y sobre todo el pago de los llamados “sondeos” de firmas encuestadoras desconocidas. Pero que los candidatos creen que con ellas variarán una determinada percepción.

Todo esta situación presenta tres grandes riesgos: 1) el riesgo de que las grandes sumas de dinero de todo tipo,  en la política otorguen una ventaja indebida frente a otros y limiten la competencia  y 2) el riesgo de que ciertos “donantes” controlen a los políticos que financian con el resultado  de que el dinero ilícito corrompa el sistema y socave el Estado de Derecho.

Esos factores negativos del sistema se verían impedidos con una  ley de partidos políticos que se ajuste a los nuevos tiempos unido a un despertar no muy lejano  de ciudadanos dispuestos a cambiar el status quo.