Ningún país los quiere. Llegan de África y del Caribe a Estados Unidos, Canadá y Europa buscando mejor vida. Unos entran, otros no, y muchos sucumben en el deseo. A Rusia, China, Japón o Corea no se asoman.

En nuestra región, República Dominicana es el destino principal de pobres negros inmigrantes. Compartimos frontera con un país de población negra en extrema pobreza, del cual quiere irse la mayoría de la población.

Si en República Dominicana hubiese prevalecido la sensatez gubernamental, los gobiernos dominicanos no hubieran permitido una extensa migración de haitianos indocumentados.

¡Pero no! La explotación virulenta del capitalismo salvaje subdesarrollado, y la corrupción rampante de funcionarios civiles y militares dominicanos, determinó lo sucedido: un flujo por décadas de haitianos indocumentados para beneficio empresarial, incluido el Estado.

Si usted escucha decir que a los haitianos les pagan igual que a los dominicanos, pregunte por qué los dominicanos no hacen esos trabajos. La respuesta es sencilla: muy bajos salarios con jornada de pito a pito en condiciones infrahumanas.

En Haití las condiciones económicas y políticas son peores, y como sucede entre países fronterizos de desarrollo desigual, los haitianos fluyen a territorio dominicano.

Este flujo migratorio, repito, ha sido patrocinado por los gobiernos dominicanos que nunca han establecido controles efectivos en una pequeña frontera.

Como esta población inmigrante es pobre y negra, los gobiernos dominicanos pensaron que negando documentos y apelando al nacionalismo, los mantendrían excluidos; pero eventualmente los sistemas de explotación se tambalean, y ahí estamos.

República Dominicana enfrenta ahora el grave problema de tener en su territorio cientos de miles de haitianos indocumentados, y miles de descendientes nacidos en territorio dominicano; la inmensa mayoría sin papeles de Haití o de República Dominicana.

La indocumentación es precisamente la negación de su existencia en ambos países. Son cuerpos sin ciudadanía, jornaleros sin alma humana.

Supongamos que Haití otorgara acta de nacimiento y pasaporte a todos los haitianos y sus descendientes en territorio dominicano: ¿les dará el Gobierno dominicano residencia legal a todos? Si documentarlos es el objetivo, República Dominicana debió ahorrarse el escándalo internacional del último año.

Y si Haití no otorga documentación a sus nacionales en República Dominicana, ¿qué hará el Gobierno dominicano? ¿Los deportará aunque deje a los empresarios agrícolas y de la construcción sin mano de obra barata? ¿Seguirán trabajando indocumentados? ¿Y qué pasará con sus descendientes?

La súper-explotación del capitalismo salvaje subdesarrollado y la corrupción de oficiales dominicanos, han producido esta vasta miseria humana que ha desatado los demonios ideológicos de la peor estirpe del nacionalismo racista.

A estos inmigrantes pobres y negros la vida les ha negado derechos fundamentales en su país de origen (Haití), y la posibilidad de asentarse legalmente en el país donde laboran (República Dominicana). Ni siquiera las leyes de regularización y naturalización dominicanas han dado resultados ante la inmensa ilegalidad apilada por años y la marginalidad en que viven los haitianos y sus descendientes. Pocos se han acogido a esas leyes hasta ahora.

La República Dominicana puede salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA y la ONU, y la situación migratoria de los haitianos seguirá irresuelta, porque el empresariado dominicano y el Estado son adictos a la súper-explotación laboral. He aquí la raíz del problema. Por eso no garantizan derechos.

El tollo migratorio que auspició el Gobierno dominicano por décadas ha generado ahora un tollo legal nacional e internacional, ejemplificado por la Sentencia TC 168-13 y el fallo de la Corte Interamericana, con el agravante de que en este conflicto la sensatez escasea y la irracionalidad impera aquí, allá y acullá.