La recuperación por parte del pueblo dominicano, su legítimo dueño, de los terrenos de Bahía de las Águilas, es algo que llena de júbilo a todos aquellos que nos escandalizamos por la corrupción. También hace acreedores del debido reconocimiento a todos los que hicieron algún esfuerzo para que así ocurriera, comenzando  por el Gobierno que lo promovió hasta el final, y los meritorios abogados que representaron al Estado, particularmente, la desinteresada Laura Acosta Lora. Y también al Ministerio Público que, en este caso, hizo su trabajo.  Por igual, nos hace sentir esperanzados en algunos segmentos del degradado Poder Judicial.

Sin embargo, no comparto la expresión del Procurador General que, según leí en la prensa, manifestó que este es el más grande acto de corrupción del país en la época moderna. No tengo idea de la magnitud económica a que esto podría haber ascendido, pero me extrañaría que en un país en que hay tantos leones, el robo más grande se le haya dejado a un grupo de “chivitos”.

Lamentablemente todavía no se ha inventado un “corruptómetro”, que permita medir con precisión la magnitud de los actos, ni cuáles son los gobiernos más corruptos ni los países en que más impera, debido a que la inmensa mayoría de las prácticas corruptas se dan de manera subterránea.

Hasta hace algún tiempo pensábamos que la mayor corrupción tuvo lugar con el proceso de expoliación a que fue sometido el patrimonio estatal durante los famosos 12 años de Balaguer, patrimonio expresado en tierras, casas, industrias, hoteles, empresas mineras, de servicios, etc. que había heredado el Estado como efecto del robo que, a su vez, había cometido Trujillo.

Pero después hemos visto que cada nuevo escándalo de corrupción nos hace parecer pequeños los anteriores. Además, aquello no se puede calificar como un “acto” de corrupción, sino como un largo proceso en que hubo miles de actos individuales.  Posteriormente, con el tiempo hemos sido testigos de los más increíbles escándalos.

Parecería que, en la época moderna, el más burdo acto de corrupción, por la forma en que se hizo y la variedad de instrumentos legales que se violaron  e instituciones que se pisotearon, y con total impunidad, fue el caso de la Sun Land. Pero tampoco puede ser catalogado como el más grande por la cantidad de dinero envuelto.

En términos cuantitativos, y de degradación moral de una gran parte de la sociedad, creo que pasará mucho tiempo antes que podamos ver un caso de corrupción de la magnitud del de Baninter. Con el agravante de que se fue tejiendo con la participación, o al menos la mirada pasiva, de las más altas instancias del Estado, involucrando a varios gobiernos, y también del sector privado.

Nuestro país no debería permitir que se olvide, para que no vuelva a ocurrir, cómo un fraude así terminó arrastrando a gran parte de la élite de la sociedad dominicana: muchos dirigentes de los grandes partidos políticos fueron beneficiarios; fallaron organismos concebidos (y muy bien pagados) para controlar y prevenir su ocurrencia; connotados profesionales de la economía, auditoría, el derecho y la informática asesoraron (algunos desde el gobierno o recién salidos), o bien contribuyeron a buscarle la vuelta;  funcionarios gubernamentales, jerarcas del orden eclesial, judicial, militar, la prensa, recibieron grandes beneficios; se llegó al control directo o indirecto de más de la mitad de los medios comunicación y hasta influencia en múltiples organizaciones comunitarias, a las que se les patrocinaban eventos, que terminaron convirtiéndose en aliadas de facto.

Y en términos de dinero, ¿a cuánto ascendió? La opinión pública está condicionada por la primera cifra que ofrecieron las autoridades, de 55,000 millones de pesos o unos dos mil millones de dólares. Pero esa es una percepción errada, primero porque el fraude terminó costándole al fisco RD$79,409 millones, y segundo porque para saber a cuántos dólares ascendió, la tasa de cambio a aplicar no era la vigente en el momento en que se publicó, sino la del momento en que se cometió y aprovechó el dinero.

Si, como dijeron las autoridades, el fraude se gestó por 14 años, período en que el dólar se cotizó en promedio a  16.72 pesos, entonces podríamos estar hablando de entre 4,000 y 5,000 millones de dólares. No es un juego de niños.  Contrario a Bahía de las Águilas, en que el Estado recuperó lo robado aunque se mantuvo la impunidad de los que cometieron el hecho, en Banínter algunos de los involucrados (unos pocos) fueron por algunos años a la cárcel, pero todos se quedaron con el dinero, el cual ahora lo debemos nosotros, pero con creces, y que estarán pagando hasta nuestros tataranietos.