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:: La caja negra (en la torre de control)
La caja negra (en la torre de control)

Por: Juan Tomás Tavares/Acento - 04/08/2014

Es importante destacar que el Dr. Leonel Fernández  en ningún momento ha adoptado o defendido la argumentación jurídica de la Sentencia TC 168/13, limitándose a destacar la necesidad de acatarla. De hecho observamos repetidos esfuerzos del ex Presidente por distanciarse con sutileza del “razonamiento” de los jueces, por ejemplo,  cuando dice  que “se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la sentencia”, para entonces proceder a explicar por qué él consideraba necesario acatar el fallo para mantener la supremacía del Tribunal Constitucional.

Otro es el caso de la mayoría de los que defendían y/o aun defienden la TC 168/13, coincidiendo hoy con la argumentación jurídica del Tribunal Constitucional, a pesar de haber estado bien enterados y convencidos (al igual que el Dr. Milton Ray Guevara como revelamos al inicio de esta serie) de que nuestras constituciones antes del 2010 se basaron  en el ius soli poco restringido.  Por eso ellos lucharon por modificar la constitución para enmendar lo que consideraban una deficiencia en ella, queriendo estatuir el ius sangunis como única vía de acceso a la nacionalidad por nacimiento. Algunos legisladores, por ejemplo, promovieron una modificación al artículo 11 de la Constitución del 2002 sobre la nacionalidad desde por lo menos noviembre 2005 (probablemente en reacción a Yean y Bosico, 2005), y antes del entonces Presidente Fernández iniciar el proceso de reforma constitucional integral en 2006:

“Thursday, November 10, 2005

Bautista y Pacheco favorecen modificación de Constitución

Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Andrés Bautista García y Alfredo Pacheco, favorecieron ayer readecuar la Constitución de la República para clarificar las figuras jurídicas en torno a la nacionalidad dominicana.

Pacheco asegura que el problema básico está en la figura jurídica del “jus solis”, por lo que es partidario que se clarifique debido a que la Constitución no está totalmente clara en torno al tema. Enfatizó que es partidario de cualquier iniciativa que contribuya a corregir esa situación debido a los inconvenientes con el tema, además, de que la República Dominicana debe preservar su soberanía.

De su lado, el presidente del Senado, Bautista García, aseguró que el país está abocado a una revisión de la Constitución. Consideró que el tema haitiano es algo sumamente importante por lo que el país nunca puede renunciar a su derecho de regular el ingreso de extranjero al territorio dominicano.

“Creo que en una próxima revisión de la Constitución habrá que decidir de manera clara este aspecto porque definitivamente nosotros no podemos estar a expensa de los organismos internacionales que pretendan hacer otra cosa con Haití”, subrayó Bautista García.

Mientras, las bancadas de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado firmaron ayer el proyecto de reforma a la Constitución que busca establecer como única la figura jurídica del “jus sanguinis” para la nacionalidad. Con la firma de José Hazim Frappier (PRSC-SPM), Germán Castro García (PRSC-La Altagracia), José Tomás Pérez (PLD-Distrito Nacional), Ángel Dignócrates Pérez (PRD-Pedernales) y Tonty Rutinel Domínguez (Santo Domingo), suman 19 los senadores que apoyan la convocatoria de la Asamblea Nacional para modificar el artículo 11 de la Constitución.

A juicio del autor del proyecto de reforma constitucional, la República Dominicana en su condición de Estado, libre y soberano posee el legítimo derecho de establecer sus propias reglas de derecho nacional y en ello definir cuáles son los requisitos para obtener la nacionalidad dominicana. Subraya que las condiciones para adoptar una determinada regulación sobre la nacionalidad responden a la necesidad que posee un país en un momento dado, siendo necesario que el país modifique los elementos que actualmente determinan la adquisición de la nacionalidad.

Proyecto de Ley

Art. 1.- Se declara la necesidad de modificar la Constitución de la República en su artículo 11.Art. 2.- La presente reforma tiene por objeto: Modificar el artículo 11 de la Constitución, en cuanto a los elementos para adquirir la nacionalidad dominicana, para que en la misma sea establecido el principio jurídico del “Jus Sanguinis”, como único elemento para determinar y adquirir la nacionalidad.Art.3.- Se ordena la reunión de la Asamblea Nacional dentro de los 15 días siguientes a la publicación de la presente ley.”


Como hoy sabemos, fracasaron en su intento por imponer el ius sanguinis puro, porque el entonces Presidente de la Republica logró atenuar el cambio introduciendo el precepto del ius domicili, finalmente estatuido en la Constitución del 2010. En lugar de eliminar el ius soli, se exceptúan adicionalmente  solo a los descendientes de inmigrantes ilegales, dejando el derecho a la nacionalidad por nacimiento en territorio nacional exclusivamente  a los hijos de residentes legales. Es una forma velada de afectar principalmente a los descendientes de haitianos.

Pero para los fines de este escrutinio, lo importante es que prácticamente todos nuestros dirigentes políticos  reconocían que era necesario  “…que el país modifique los elementos que actualmente determinan la adquisición de la nacionalidad” por vía de una enmienda a la constitución entonces vigente. Como sugiere el titular del periódico Diario Libre, el motivo de este cambio era: “Reformar constitución para enfrentar migración haitiana”.


Además de los legisladores que reconocieron la necesidad de enmendar el precepto del derecho a la nacionalidad, proponiendo eliminar el ius soli prescrito tradicionalmente en nuestras constituciones para poder legalmente excluir a los hijos de haitianos, se unieron  otros destacados dirigentes políticos, funcionarios públicos, y personalidades diversas que también apoyaron modificar la constitución para dificultar la obtención de la nacionalidad a los descendientes de haitianos. La gran mayoría de los legisladores eventualmente aceptó el cambio a ius domicili, evidentemente conscientes de que legislaban para el futuro. Sin embargo, al publicarse la Sentencia, prácticamente todos olvidaron sus anteriores convicciones, y procedieron a adoptar el discurso de que “no se puede quitar lo que nunca se ha tenido”.

Pero en todo debate hay dos lados de la historia y este intento de reformar el precepto sobre la nacionalidad para eliminar el ius soli iniciado en 2005 no es la excepción. No todos los que promovían la idea de excluir a los descendientes de haitianos nacidos en el país del derecho a ser reconocidos como nacionales dominicanos abogaban por utilizar la vía de una enmienda constitucional para lograrlo. Al inicio del debate, algunos entendían que mejor se libraba la batalla en la Suprema Corte de Justicia, y entre ellos se destaca el discurso del Cardenal López Rodríguez: “El jus sanguinis

De igual forma  (el Cardenal López Rodríguez) rechazó una reforma constitucional para definir la nacionalidad dominicana y la crisis desatada por la migración haitiana. La Suprema Corte de Justicia es la única autorizada para hablar del tema de la nacionalidad de los extranjeros enfatizó el religioso. El país ha estado inmerso en las últimas semanas en los debates sobre la migración haitiana hacia territorio dominicano.

La Conferencia del Episcopado emitió una carta pastoral en donde define de grave la migración haitiana, además de pedir al Gobierno a enfrentar la situación mediante el uso de leyes. De su lado, un grupo de senadores, encabezados por Juan Morales (PRD-Hato Mayor, depositaron un proyecto de ley para modificar el artículo 11 de la Constitución para establecer la figura jurídica del “Jus Sanguinis” como único requisito(sic) para obtener la nacionalidad dominicana.”


Un caso particularmente ilustrativo es el de la familia Castillo y sus adeptos,  organizados en torno a la Fuerza Nacional Progresista, en vista de su rol protagónico desde hace muchos años en el tema haitiano.  En noviembre del 2005 el diputado Pelegrin Castillon rechaza tajantemente la iniciativa de enmendar la Constitución para estatuir el ius sanguinis como única vía para adquirir la nacionalidad por nacimiento, en términos coincidentes con el Cardenal López Rodríguez:

“El diputado Pelegrin Castillo advirtió que la Reforma Constitucional que impulsa un grupo de senadores para eliminar el jus soli como criterio de atribución de nacionalidad, no puede fundamentarse en el carácter ambiguo del texto vigente, ya que abriría un margen a la implantación de una minoría nacional haitiana.

El legislador de la Fuerza Nacional Progresista planteó que esa reforma sólo procede después que la Suprema Corte desestime el recurso de inconstitucionalidad formulado contra la Ley de Migración, especialmente en lo que respecta a la definición de tránsito, como situación en la que se encuentra todo extranjero que carece de residencia legal.

Llamó al Senado a meditar mejor esa  iniciativa, que debe ser reformulada, sino se quiere hacerle el juego a las fuerzas antinacionales que conspiran contra el Estado Dominicano.”


Es preciso destacar que al diputado Castillo le preocupaba “el carácter ambiguo del texto vigente”, pues aun los más firmes propulsores de los esfuerzos por negar la nacionalidad dominicana a los descendientes de haitianos entendían la fragilidad de sus argumentos basados en el texto constitucional entonces vigente, y confiaban en que sus esfuerzos ante la Suprema Corte de Justicia rindieran frutos.  En la próxima entrega veremos la evolución de esa estrategia.

(sigue)



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