En un hecho que marca un hito en la historia política, social y migratoria de la República Dominicana, el presidente Danilo Medina convirtió en ley con su firma la semana pasada el decreto 250-14 del Reglamento de Aplicación de la Ley 169-14 del Régimen Especial de Naturalización y Regularización de Extranjeros, el cual  había sido sometido a consulta entre varios sectores de la nación.

Las nuevas generaciones aún no podrán valorar en su justa medida un acto tan trascendental como el hecho de llevar orden en un aspecto que incide tanto en la vida nacional, como es y ha sido por años la presencia irregular de extranjeros sin documentos en el territorio dominicano, al margen de una ley que regule la migración ordenada, legal y segura en un estado organizado.

Sin ceder a presiones de grupos políticos, ni de apellidos ilustres y sonoros, Medina reivindicó el derecho que tiene la nación como todo país en vía de desarrollo a tener una inmigración legal, ordenada y segura y que no viole los derechos humanos de cada ciudadano

En su artículo 1, el decreto subraya que el objeto de dicho reglamento es la ejecución de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 169-14,  “a fin de viabilizar lo relativo al registro y regularización migratoria de los hijos de padres extranjeros en situación migratoria irregularque habiendo nacido en territorio de la República Dominicana no figuran inscritos en los libros de Registro Civil dominicano.”

Lo cierto es que se necesita tener valor, voluntad y disposición para romper un esquema de desorden migratorio del cual,  durante décadas y generaciones, se han beneficiado grupos económicos y de poder quienes como reza el refrán: “pescan y se aprovechan del río revuelto.” La nueva ley busca y logrará imponer y llevar orden en el flujo migratorio a través de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, cumplir con las leyes que dan vigencia a un Estado moderno y avanzar en la dirección correcta y lógica.

La nueva ley dominicana podría servir de ejemplo a naciones como Haití, España, Francia, Italia, y Estados Unidos. En este último, desde hace décadas permanece un debate continuo sobre cómo legalizar a cerca de 11 millones de extranjeros sin documentos, casi la población total de la República Dominicana, sin que hasta la fecha los legisladores en el Congreso decidan ponerse de acuerdo para enderezar la frontera y solucionar la situación irregular de millones de inmigrantes ilegales.

La administración del presidente Danilo Medina avanza poco a poco en solucionar algunos de los problemas medulares que debilitan a la República Dominicana como nación casi desde su nacimiento, y cuyas raíces se alimentan de la tendencia irreflexiva de ciertos sectores inclinados más a la entropía, al desorden, y al ambiente “medalaganario”, con el que pretenden imponer sus intereses y caprichos individuales por encima de la mayoría ciudadana.

Sin ceder a presiones de grupos políticos, ni de apellidos ilustres y sonoros, Medina reivindicó el derecho que tiene la nación como todo país en vía de desarrollo a tener una inmigración legal, ordenada y segura y que no viole los derechos humanos de cada ciudadano. Como invocaba un antiguo profesor de escuela: “todo cambio no es mejora, pero toda mejora es cambio…”