El presidente Danilo Medina no merece pasar los 29 meses que le restan de su gobierno enfrentando los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional que despoja de la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, por lo que debe enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que efectivamente reconozca los derechos adquiridos de todos los nacidos en el territorio nacional hasta el 26 de enero de 2010.

Enviar el proyecto con ese propósito y pedir su aprobación sería una acción ajustada a la Constitución y un acto enteramente ético de un gobernante que tiene un bien ganado prestigio por su capacidad para escuchar, por su humildad en el ejercicio del poder y porque tiene el deber de no asociar a su gobierno históricamente al despojo de la nacionalidad de miles de sus compatriotas.

La acción sería legal y enteramente ajustada a la Constitución porque la soberanía corresponde al pueblo dominicano y en el sistema político actual ella se delega en sus representantes directos, que no es el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral (JCE), el clero ni varios ministros, sino el Congreso Nacional.

El Tribunal Constitucional, que debió determinar si la incautación administrativa de los documentos de Juliana Deguis Pierre por la JCE eran acciones violatorias de la Constitución, lo que hizo fue convertirse en Congreso Nacional y Director de Migración a la vez para emitir disposiciones que no solo justifican las arbitrariedades, sino que despojan de la nacionalidad dominicana a Juliana y a todos los nacidos en el país de padres haitianos sin residencia legal desde 1929.

Cualquier hijo de vecina debe saber que el Tribunal Constitucional no tiene dentro de sus funciones definir reglas migratorias, ordenar el establecimiento de registros de nacimientos (como hizo con la sentencia 168-13), sino determinar si las leyes y actos que se les someten se ajustan a la Constitución.

El Congreso Nacional, como depositario de la soberanía delegada por el pueblo dominicano, puede y debe aprobar y hacer cumplir una ley que reconozca los derechos de estos ciudadanos despojados y que en un primer momento –antes de que se desatara la ofensiva nazi-o-nalista- el presidente Medina dijo comprender e incluso llegó a considerar que debía pedirse excusa a esos dominicanos por el daño causado con la sentencia.

El Tribunal Constitucional fue creado por el Congreso Nacional, no al revés. El Tribunal Constitucional,  ni ningún otro órgano o poder del Estado, no puede trazarle pautas o ponerle impedimentas al Congreso Nacional para aprobar cuantas leyes desee siempre que se ajusten a la Constitución y al interés nacional.

Es más, el Congreso Nacional tiene facultad para juzgar y destituir a los miembros del Tribunal Constitucional que actuando de espaldas a la Constitución, han usurpado atribuciones constitucionales que corresponden exclusivamente a los legisladores. Los argumentos jurídicos de las magistradas de ese tribunal, Katia Miguelina Jiménez Martínez http://scharboy2009.wordpress.com/2013/09/26/voto-disidente-de-la-magistrada-katia-miguelina-jimenez-martinez/ y Ana Isabel Bonilla Hernández http://scharboy2009.wordpress.com/2013/09/26/voto-disidente-de-la-magistrada-isabel-bonilla-hernandez/ para oponerse a esa sentencia fatal para todos los dominicanos, más que un voto disidente como se le llama, es un expediente acusatorio contra todos los jueces que votaron a favor.

Una ley que reconozca los derechos adquiridos de esos hermanos dominicanos que ahora se quieren dejar sin nacionalidad y sin identificación –y por lo tanto sin posibilidad de estudiar, trabajar o viajar- sería la solución a un drama humano sin precedentes y el retorno de la República Dominicana al conjunto de naciones que se acogen a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, del ejercicio de la soberanía sin resabios patrioteros y de la armonización de las relaciones con todos los países del Caribe, América Latina, Norteamérica y Europa que ahora ven en la fatídica sentencia una burda patraña para golpear a un grupo en estado de vulnerabilidad.

El gobierno de Medina no puede darse el lujo de concentrar gran parte del esfuerzo del Jefe del Estado y sus mejores ministros en capear el temporal que ha desatado esta sentencia que pone al país como el hazmerreír del mundo en el mismo centro de las Antillas.

Una ley inequívoca de reconocimiento de estos derechos devuelve al gobierno de Medina y al país a la agenda original de su administración y crea un clima ideal para atraer inversiones, turistas, transferencia de experiencias y tecnologías, que ahora están amenazados porque lo que está en entredicho es la seguridad jurídica y el respeto a las reglas de juego previamente establecidas.

En la época de la globalización y la tecnología de la información y las comunicaciones es una torpeza esgrimir nacionalismos arcaicos para perpetuar privilegios de minorías y en cambio disponer de una inmensa masa de personas sin derechos a los que se explota y hunde en la miseria, con el desparpajo además de esperar contar con la indiferencia o la complicidad del resto del mundo.

En este momento el presidente Medina tendrá que escoger entre perpetuar este ruido en su gobierno durante el resto de su mandato o revertir con los instrumentos constitucionales a su alcance esa emboscada absurda a su hoja de servicio como gobernante.